Una comisión de gobierno decidió el
futuro de los terrenos de Monport en
diciembre de 2004. El organismo estuvo
integrado por dos tenientes de alcalde del
PSOE, un concejal de Unió Mallorquina,
Isabel Alemany, un concejal de la
Agrupación Liberal por Andratx (ALA) y el
alcalde, Eugenio Hidalgo, quien por
entonces presidía esta formación ahora
extinguida.
Todos votaron a
favor de otorgar la licencia a la promotora
que levantaría 20 edificaciones en Monport.
Un año y medio después, el fiscal de Medio
Ambiente, Adrián Salazar, denunció al
Ayuntamiento por haber permitido una
urbanización en una zona protegida. Dado
que UM, PSOE y ALA votaron a favor de
conceder la licencia, todos deberían
resultar perjudicados si se demuestra que
ha habido delito ambiental. Incluido UM,
que ahora denuncia lo que votó a
favor.
