PALMA.- La Audiencia de Palma acaba de
archivar la enésima denuncia falsa de
Joaquín Rabasco contra EL MUNDO/El Día de
Baleares. La Sección Primera, presidida por
el magistrado Julio Álvarez Merino, ha
desestimado el recurso del concejal del
Ayuntamiento de Llucmajor contra la
decisión del Juzgado de Instrucción número
10 de Palma de archivar una de las
innumerables querellas que ha interpuesto
contra el director de este diario, Eduardo
Inda, y el redactor Esteban
Urreiztieta.
La Audiencia recuerda en
su auto que el presidente de la formación
política ASI (Agrupación Social
Independiente) está acusado por el fiscal
Anticorrupción de la comisión de delitos
como los de «negociaciones prohibidas a
funcionarios públicos, cohecho, y
defraudación a un ente público».
«Información
relevante»
Y subraya que este
periódico se ha limitado a relatar el curso
de la investigación judicial que se sigue
contra el edil por desviarse más de un
millón de euros públicos en dirección a su
empresa y a las de su amiga íntima María
Aldao Muiño. «Las noticias relativas a la
investigación de los hechos... son de
relevancia pública y de evidente interés
periodístico, puesto que el apelante
ostenta la condición de concejal del
Ayuntamiento de Llucmajor, cuyos fondos
públicos pueden constituir el objeto de la
defraudación», apunta la resolución
judicial. «Es por ello que los apelados
-Inda y Urreiztieta-, en cuanto
profesionales responsables de un diario de
información general, están amparados en su
actividad por el artículo 20.1 de la
Constitución Española». Esto es, «a
comunicar o recibir libremente información
veraz por cualquier medio de difusión».
Rabasco con la intención de
amordazar a este periódico acusaba a ambos
periodistas de la comisión de un sinfín de
delitos. Entre ellos los de coacciones,
injurias, calumnias, amenazas y
aprovechamiento de información
privilegiada. Con respecto a esta última
imputación la Audiencia destaca que «en el
caso de autos entra en juego el derecho
constitucional de los apelados a transmitir
información veraz, sin poner con ello en
riesgo el buen fin de las diligencias
penales, que no es otro que el de la
represión del delito perseguido». Y eso es
precisamente lo que han hecho Inda y
Urreiztieta en sus informaciones, según la
Audiencia.
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