El Govern popular rompió su
silencio en torno al debate jurídico creado
sobre las concesiones portuarias otorgadas
durante un plazo de 50 años antes de la
entrada en vigor de la Ley de Costas de
1988. Lo hizo el pasado mes de septiembre;
empleando como primera piedra de toque el
caso más conflictivo, Puerto Portals; y a
instancias del dueño de un amarre del
puerto deportivo más selecto del
Mediterráneo.
Este propietario, de
nacionalidad alemana, interpuso un
contencioso administrativo para salir de
dudas. Recurrió a la Justicia al tener
conocimiento «por los medios de
comunicación» del pleito interpuesto por el
constructor Francisco Hernando, conocido
popularmente como El Pocero,
contra la familia Graf. La contestación que
recibió puso punto y final a la discusión
jurídica existente y se basó en que la Ley
de Costas de 1988 sí es de aplicación.
