ESTEBAN URREIZTIETA
PALMA.- El
Govern ha decidido poner fin a la
revolución desatada entre los clubes
náuticos a raíz del pleito entre El
Pocero y la familia Graf por Puerto
Portals. Y ha decidido hacerlo a la mayor
brevedad posible. El pasado miércoles la
dirección general de Ports de Balears,
organismo dependiente de la Conselleria de
Obras Públicas, se reunió en el club
náutico de Cala Gamba con los principales
afectados por el recorte de las concesiones
portuarias impuesto por la Ley de Costas de
1988.
En el marco de una cita a la
que acudió medio centenar de personas el
Govern se comprometió a renovar
automáticamente las concesiones portuarias
en vigor por treinta años más y a dejar
zanjada la renovación en los próximos
meses. Como fecha límite, antes del verano.
Este es el compromiso adquirido por la
Administración con los clubes náuticos que
han visto reducidas considerablemente la
duración de sus concesiones -otorgadas
inicialmente por cincuenta años- a un
máximo de treinta.
Así, el caso más
famoso, el de Puerto Portals, ha
desembocado en que la concesión del puerto
más selecto del Mediterráneo vencerá en
2018 y no en 2031 como acordó el Consejo de
Ministros antes de la entrada en vigor de
la Ley de Costas. Tras un largo debate
jurídico, tanto la juez que ha analizado la
pugna entre el constructor madrileño
Francisco Hernando y los Graf, dueños de la
concesión de Puerto Portals, como el
Govern, han disipado las dudas.
Ambos han concluido que la Ley de
Costas hay que cumplirla y que no queda
otra solución posible. En este sentido,
todos aquellos clubes náuticos cuyas
concesiones sean posteriores a la entrada
en vigor a la temida normativa estatal
están afectados por el tijeretazo.
Entre ellos, los de Cala Ratjada,
Portocristo, Portocolom, Portopetro, Sa
Rápita, Son Serra de Marina, Pollença,
S'Estanyol, S'Arenal, Can Picafort,
Palmanova, Cala Gamba y Can Pastilla. A
todos y cada uno de ellos la conselleria
que dirige Mabel Cabrer les ha puesto una
solución encima de la mesa.
La salida
ofrecida por la Administración balear pasa
por aumentar considerablemente el canon
anual que vienen pagando hasta ahora los
clubes náuticos.
Tarifas
irrisorias
Unas tarifas que no
han sido revisadas durante años y que son
irrisorias, alcanzando en algunos casos
varios cientos de euros anuales. En este
sentido, y siempre y cuando los afectados
acepten el pago de una tarifa muy superior
a la actual, podrán seguir teniendo la
concesión en su poder. De lo contrario,
será objeto de un nuevo concurso público,
con el consiguiente riesgo de perder el
título concesional. A la problemática de
los clubes náuticos hay que sumar la de los
propietarios de los amarres.
El
recorte se extiende a los puntos de
atraque. Así, aquellos propietarios de
amarres que los adquirieron con la
convicción de que podrían disfrutarlos
durante el plazo por el que fue
inicialmente concedida la concesión del
puerto deportivo están en disposición de
reclamar a quien se lo vendió.
El
caso de los atraques
Esto es lo
que está ocurriendo precisamente en Puerto
Portals, donde ya se ha creado una
asociación para canalizar las reclamaciones
judiciales. Con los letrados Alejandro
Bellapart y Rafael Nadal Van de Krol al
frente, ya hay varios pleitos en marcha que
exigen una indemnización
económica.
En el caso de Puerto
Portals todos los puntos de atraques
vendidos tras la entrada en vigor de la Ley
de Costas han sido vendidos obviando la
normativa. Y es que los abogados que
asesoran a la familia Graf han sostenido
durante el pleito con El Pocero que
la normativa de 1988 no les era de
aplicación y que, por lo tanto, el título
concesional vencía en 2031.
En este
sentido la esposa del empresario Klaus
Graf, Margarita Bimboese, admitió en el
juicio que ella consideraba que la
concesión no vencía hasta esa fecha. Sin
embargo su marido declaró ante la juez
exactamente lo contrario. Admitió la
existencia de la Ley de Costas, su
obligación de actarla, y apuntó esta ley
como una de las causas que le llevó a
intentar desprenderse el puerto deportivo.
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