M. A. F.
PALMA.-El
president del Govern, Jaume Matas, culpó
ayer al Consell de Mallorca por no haber
podido controlar las construcción ilegal en
Andratx. Matas afirmó que el control
supramunicipal que ejerce el Consell sobre
el territorio en el conjunto de la isla «no
siempre funciona», tal y como, a su
parecer, «ha quedado demostrado en
Andratx», donde el alcalde, Eugenio
Hidalgo, autorizó durante años
construcciones en suelo protegido sin que
la institución gobernada por Maria Antònia
Munar, con competencias en disciplina
urbanística, pudiera impedirlo.
El
president realizó estas afirmaciones para
defender la Ley de Capitalidad según la
cual el Ayuntamiento de Palma recupera el
grueso de las competencias en Urbanismo que
ahora están en manos de la institución
insular.
En declaraciones a
Europa Press, el jefe del Ejecutivo
autonómico afirmó que la recién aprobada
Ley de Capitalidad supondrá una «vacuna»
para que Palma no tenga que volver a sufrir
lo que padeció entre los años 1999 y 2003,
cuando, según afirmó, por el hecho de estar
gobernada por un partido distinto al del
Govern fue «absolutamente discriminada,
abandonada y vejada» por parte del resto de
las instituciones.
El
pacto
Todas estas afirmaciones
del president se refieren a la postura de
Munar contraria a la Ley de Capitalidad. En
este sentido, el jefe del Ejecutivo balear
dijo «respetar» la decisión del Consell de
Mallorca de recurrir la normativa, por
considerar que entra en clara contradicción
con el texto de la reforma del Estatuto de
Autonomía, de rango superior, y que, según
todos los partidos de la oposición,
devuelve a la Institución Insular las
competencias urbanísticas que le retira de
facto la Ley de Capitalidad, y que atribuye
al Ayuntamiento de Palma. Sin embrago,
Matas opinó que una capital es una
administración «distinta», y, según agregó,
«todas las capitales en España tienen una
cierta autonomía, porque son
Administraciones muy
importantes».
Asimismo, reiteró que
el control supramunicipal que ejerce el
departamento dirigido por Bartomeu Vicens
no funcionó en Andratx, por lo que observó
que lo apropiado es «respetar la autonomía
de una capital que ha alcanzado la mayoría
de edad».
«Palma dispone de la
suficiente entidad para tomar las
decisiones de forma democrática», resaltó
el jefe del Ejecutivo balear, quien reiteró
su convicción que, lejos de despojar al
Consell de sus competencias urbanísticas,
la Ley de Capitalidad evitará que el
Ayuntamiento de la capital mallorquina
vuelva a sufrir la «persecución y el
aislamiento de un Gobierno de color
político distinto».
En el Pleno del
Parlament celebrado el pasado mes en el que
se debatió la Ley de Capitalidad, UM votó
en contra de los artículos más importantes
de esta norma, concretamente los que hacen
referencia a la cesión de las competencias
urbanísticas al Ayuntamiento de Palma.
Munar votó en contra a pesar de que en el
pacto firmado por PP y UM tras las
elecciones autonómicas el partido que
gobierna en el Consell se comprometió a dar
apoyo parlamentario a esta ley. Cabe
recordar que Munar, que sólo cuenta con
tres diputados, gobierna en el Consell
gracias al mencionado pacto. Otro conflicto
surgido con la Ley de Capitalidad está en
la protección del patrimonio que sigue
siendo competencia del Consell de Mallorca
aunque ahora, en cumplimiento de la nueva
ley, Cort tiene mayor protagonismo en la
toma de decisiones (ver página
16).
En el tema urbanístico y
ordenación del territorio, el Consell
conserva competencias en Palma pero la
última palabra la tiene siempre Cort al
contar con mayor representación en la nueva
Comisión de Urbanismo que debe crearse con
representación de las dos instituciones.
La Ley de Capitalidad fue aprobada
por el Parlament a principios de diciembre
y entró en vigor el día 30, cuando fue
publicada en el Boletín Oficial de
Baleares.
