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  Sábado, 13 de enero de 2007 Actualizado a las 01:19
 

«Consecuencias penales» por la anulación cautelar del decreto


El Grupo Popular del Ayuntamiento de Vila pedirá al juzgado número 3 de Eivissa, cuyo titular es el magistrado Pablo Mendoza, que recupere la denuncia penal interpuesta por los populares contra el alcalde de Eivissa, Xico Tarrés.

Según explicó el pasado mes de diciembre la portavoz de la oposición municipal y candidata a alcaldesa, Virtudes Marí, el archivo «provisional» de las causas penales contra Tarrés se produjo «porque las diligencias se basaban en que las obras eran legalizables» merced a la aprobación de la modificación del PGOU vía decreto.

Sin embargo, la anulación cautelar de la aprobación del decreto «tiene consecuencias penales», según Marí, «y podría acabar con la imputación del alcalde».

 
   
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