RAFAEL GABALDÓN
MANACOR.- La
inseguridad jurídica que generan las
actuales normas urbanísticas, aprobadas en
1980 inicialmente pero todavía no
ratificadas, ha obligado al Ayuntamiento de
Manacor a suspender de forma cautelar la
concesión de licencias para obra mayor en
zonas urbanas. Sólo un acuerdo con el
Consell o la aprobación inicial del nuevo
Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)
que actualmente se tramita puede evitar el
colapso urbanístico que vive el término al
menos a nivel burocrático.
El alcalde
Antoni Pastor ha solicitado una reunión
urgente con el conseller insular de
Ordenación del Territorio y Urbanismo,
Bartomeu Vicens, para buscar una solución
provisional a la precariedad que han
generado las actuales Normas Subsidiarias,
ya que los técnicos se niegan a informar
los proyectos de obras en suelo urbano ante
las lagunas legales a las que se enfrentan
en materia de densidades de construcción,
edificabilidad, usos,
etc.
Bloqueado
El
departamento urbanístico de Manacor está
bloqueado, los técnicos no se ponen de
acuerdo en la mayoría de las ocasiones y
cuando una licencia de obra necesita los
informes vinculantes del arquitecto y de un
técnico jurídico del mismo departamento, en
numerosas ocasiones son discrepantes e
incompatibles.
Según ha podido saber
este diario, hace varios meses que no se
informa una obra en suelo urbano si se
presenta cualquier duda razonable o las
opiniones son contradictorias. Nadie quiere
asumir riesgos técnicos ante la precariedad
de unas normas obsoletas que suman ya 27
años de provisionalidad y que nacieron hace
casi tres décadas pese a que lo hicieron
con la intención de renovarse apenas cinco
años después.
En la actualidad sólo
se están tramitando licencias de obra en
suelo rústico ya que el Consistorio otorga
el permiso condicionado a que sea revisado
por la institución insular. De tal forma
que si existe confusión, la Comisión
insular de Urbanismo pone los puntos claros
en las oportunas modificaciones.
En
los próximos días se espera que se celebre
un encuentro entre Pastor y Vicens, que
estarán acompañados de sus respectivos
técnicos y abogados de confianza.
Inicialmente se tenían que ver el 4 de
enero, pero un contratiempo de última hora
en sus agendas ha provocado el retraso del
encuentro, que debería ser inminente por la
gravedad que reviste el
asunto.
Manacor pedirá al Consell que
halle alguna fórmula legal para que la
seguridad jurídica se vea garantizada y que
se estipulen claramente unas densidades,
unos usos y una edificabilidad acorde con
las actuales normas insulares en vigor y
que no contradigan el Plan Territorial de
Mallorca, la principal carta de ordenación
urbanística de la Isla.
Pastor
y sus asesores también solicitarán a Vicens
cómo pueden resolver las actuales dudas que
afrontan sus técnicos, así como la manera
de contar con un aval provisional desde el
Consell. Bien mediante vías de información
directa y simultánea, bien a través de
otras fórmulas que acuerden ambas
administraciones. En caso de duda, los
técnicos estaban aplicando la normativa mas
restrictiva, lo que ha provocado numerosas
denuncias de constructores por
agravios.
La ausencia de un PGOU en
Manacor complica gravemente la seguridad
jurídica de los proyectos que se presentan.
El PGOU debe adaptarse a nuevas medidas de
rango superior que salen todos los meses,
lo que hace inviable su tramitación. El
último caso ha sido la promulgación del
Govern de una ley que obliga a reservar
suelo para viviendas de protección oficial
en un mínimo del 30% para los nuevos
urbanizables.
