MIQUEL A. FONT
PALMA.-El
Ayuntamiento de Andratx reclama 1 millón de
euros a la familia de la portavoz de UM,
Isabel Alemany, por la urbanización Can
Perxota que desarrolló en el núcleo de Sant
Elm. La Ley del Suelo obliga al promotor de
una urbanización a ceder al municipio el
10% de los terrenos que deben quedar a
disposición del Ayuntamiento para uso
público. La familia de la número 1
de UM nunca ha llegado a efectuar esta
cesión y cuando se le reclamaron los
terrenos alegó que el 10% de terrenos de
uso público eran los viales de la
urbanización.
Sin embargo, los
servicios jurídicos del Ayuntamiento
entienden que los viales siempre están
incluidos en la urbanización y que su
creación esta contemplada en el plan
parcial aprobado por el Consistorio. Es al
margen de los viales que la promotora de la
urbanización está obligada a ceder al
municipio el 10% del total de la superficie
que contempla el plan parcial.
Cuando en primera instancia el
Ayuntamiento reclamó estos terrenos al
Ayuntamiento, la familia Alemany argumentó
que ya los había vendido pensando que con
la cesión de los viales era suficiente. En
este momento, la decisión del Ayuntamiento
fue valorar los terrenos para a
continuación reclamar a la familia Alemany
la cantidad resultante. La valoración quedó
establecida en un millón de euros (166
millones de las antiguas
pesetas).
Aunque la ejecución de la
urbanización y primera reclamación de la
deuda data de la legislatura pasada, no fue
hasta el pasado mes de julio cuando el
entonces alcalde de Andratx, Eugenio
Hidalgo, decidió abrir expediente a la
promotora familiar de la concejal Isabel
Alemany reclamando el pago de la deuda.
Hidalgo condicionó el pago de la deuda a la
recepción de la urbanización.
Ninguna de las dos cosas se ha
producido. Isabel Alemay alega que no
estaban obligados a ceder al Ayuntamiento
el 10% de los terrenos puesto que el plan
parcial era anterior a las sucesivas leyes
del suelo que han venido recogiendo esta
cesión obligatoria. En contra de esta
argumentación los servicios jurídicos del
Ayuntamiento confirman que la normativa que
obliga a la cesión ya estaba en vigor
cuando se aprobó el plan parcial de Can
Perxota. El expediente de Hidalgo contra la
familia Alemany se produjo después de las
diversas denuncias que había interpuesto UM
contra el alcalde. Algunas fuentes aseguran
que la ofensiva lanzada por UM en contra de
Hidalgo respondería a una estrategia para
colocar en segundo plano dicha deuda. Dos
días antes de que Hidalgo anunciara el
expediente contra la familia Alemany, el
partido que preside Maria Antònia Munar
anunciaba que se personaría como acusación
particular en la denuncia por delito
ecológico que el fiscal de Medio Ambiente,
Adrian Salazar, había presentado contra el
Ayuntamiento.
Réplica de
UM
En este caso el motivo de la
denuncia era la construcción de 20
edificaciones plurifamiliares en el
polígono de Monport. Según la Fiscalía,
estas construcciones se han levantado en
una zona protegida por la Ley de Espacios
Naturales. Aparte de las investigaciones
judiciales sobre la legalidad o no de la
licencia de Monport, lo cierto es que tanto
el PP como UM aprobaron el proyecto y lo
mismo hizo el PSOE. Posteriormente, Alemany
declaraba sentirse estafada porque había
dado el visto bueno a la urbanización
totalmente convencida de que los terrenos
eran urbanos. Mientras, Hidalgo denunciaba
que UM, a través del Consell, está
«protegiendo y desprotegiendo» terrenos a
sus anchas mediante el Plan
Territorial.
La deuda de un millón de
euros con el Ayuntamiento por la
urbanización de Can Perxota es el segundo
caso de irregularidad urbanística en la que
se ve envuelta de forma directa o indirecta
la número 1 de UM, Isabel
Alemany.
Como ya ha informado este
medio en la edición del domingo y del
lunes, la promotora de la urbanización Cala
Blanca ha iniciado las obras de apertura y
asfaltado de viales sin disponer de la
preceptiva licencia municipal. El promotor
es tío del secretario técnico de Ordenación
del Territorio y Urbanismo en el Consell de
Mallorca, Miquel Ferrà, quien a su vez es
el marido de la concejal.
El
proyecto urbanístico de Cala Blanca está
ahora en entredicho y el Ayuntamiento ha
solicitado al Consell que proceda a la
recalificación de los terrenos. Sin
embargo, UM, que hace tres años ya votó en
contra de la protección, se vuelve ahora a
mostrar reticente a aceptar la petición del
Ayuntamiento alegando que se tendrían que
pagar indemnizaciones millonarias.
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