«No permitiré que el PSOE rompa las
reglas del juego del debate electoral como
ya lo hizo en su momento con el 11-M». Tal
afirmación del Presidente Jaume
Matas en relación con el llamado
caso Andratx u Operación
Voramar es cuanto más un simple
exabrupto, propio de la cena-mitin
partidista navideña en que fue pronunciado.
Mucho más serio es el hecho de que el
President Matas aceptara hace dos años como
líder del PP en ese municipio al entonces
Concejal de Urbanismo Eugenio
Hidalgo, gobernara con él y sobre todo
lo ratificara hace cuatro semanas como
candidato a las próximas elecciones
municipales, cuando era de todos conocido
que Hidalgo estaba imputado en cinco causas
relacionadas con irregularidades
urbanísticas de su municipio.
Uno
piensa que el caso Andratx y su
amplio despliegue policial y mediático al
margen de las evidencias probatorias que
comporte al final de su recorrido, no hay
duda que tiene un componente político, pues
ocurre en un momento en el que la población
está especialmente sensibilizada por los
problemas de corrupción urbanística. El
urbanismo salvaje que ha tenido lugar en
los últimos 20 años en las Islas, tiene
como paradigma lo ocurrido en Andratx, con
su bellísimo entorno litoral prácticamente
destrozado por la proliferación de
edificaciones en zonas de gran valor
paisajístico. El boom constructor no
solamente no se paró sino se ha reforzado
en los últimos años, mientras que en otros
municipios costeros de la Islas se ha
notado una cierta ralentización del proceso
de degradación. Todos estamos al cabo de la
calle de edificaciones ilegales en muchos
municipios. Cuando algunos nos hemos
decidido a denunciarlas, los alcaldes han
seguido haciendo la vista gorda. Bien es
verdad que para ello han contado con la
imprescindible ayuda del Consell de
Mallorca, copado por UM por la gracia del
PP, una institución que ha emitido
generosamente cédulas de habitabilidad que
han permitido la aparición de viviendas
anejas a simples pozos y casas de aperos.
Está claro que en estas Islas rige la
terrible práctica del hecho consumado, y
aquí no se derriba nada una vez construido.
El caso Andratx es la gota
que rebasa el vaso. Para muchos ha sido
euforizante constatar el despertar de las
fiscalías anticorrupción y de medio
ambiente, que durante años se han pasado
durmiendo el sueño de los justos. Si el
caso Andratx ha sido posible, ello
se ha debido a la creación de los nuevos
equipos que, complementando a Seprona, la
Dirección General de la Guardia Civil,
dirigida por el socialista mallorquín
Joan Mesquida, ha puesto en
funcionamiento recientísimamente. Alguno
puede sentirse molesto y apuntar que se
trata de un municipio tradicionalmente
controlado por el PP y que por ello existe
una intencionalidad política especialmente
significativa en periodo pre-electoral. No
hay duda que muchos de otros municipios con
alcaldes de todos los colores se estarán
estos días tentando las vestiduras, pues
también tienen vergüenzas que tapar. Si la
mayoría están encabezados por el PP, ello
se debe a que es el partido hegemónico en
las Islas. Con profunda tristeza hay que
constatar que en muchos casos los equipos
municipales en el poder han sido elegidos
por unos vecinos a los que han ofrecido más
o menos descaradamente «traer riqueza», es
decir continuar con la edificación a
mansalva. La norma edificatoria ha sido:
«si no tienes vecinos que protesten, sigue
adelante que ni la policía ni los celadores
tienen orden de ver nada». Tal es el
sentido del civismo que desgraciadamente
asume una buena parte de nuestra población.
El lema es, «hoy por ti, mañana por mi».
Bienvenido sea pues el «caso Andratx». Por
fin empezarán a dejar de ser letra muerta
una docena de figuras delictivas de nuestro
Código Penal de 1995 y empezará también a
aplicarse por los Ayuntamientos y los
Consells la autonómica Ley de Disciplina
Urbanística de 1990. Quizás sea el comienzo
de una nueva era en nuestras Islas. Nunca
es tarde si la dicha es buena.
