PALMA.- Conselleria de Salud adjudicó
ayer la construcción, explotación y
conservación del hospital de Son Espases a
la UTE formada por Dragados-FCC
Construcción, Melchor Mascaró y Llabrés
Feliu por un importe de 635 millones de
euros, tras asumir el criterio de los
colegios de ingenieros y de
economistas.
Así lo anunció ayer en
rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo
balear, Joan Flaquer, al término del
Consell de Govern, que fue informado de la
decisión de la citada Conselleria, adoptada
a través del Servicio de Salud de las Islas
Baleares, por la titular de esta cartera,
Aina Castillo.
El también conseller
de Turismo explicó que la adjudicación se
realiza después de que los colegios de
Ingenieros de Caminos y de Economistas de
Baleares hayan desestimado las alegaciones
presentadas por los otros aspirantes contra
la propuesta de adjudicación que plantearon
estas mismas entidades colegiales.
En
este sentido, Flaquer recordó que la
Conselleria de Salud decidió recurrir en su
momento a estas «entidades de derecho
público» tras la situación de práctico
empate que se produjo entre la oferta ya
ganadora y la liderada por OHL, que era 105
millones de euros más cara que la actual.
El resultado de esos informes han sido
tenidos en cuenta por la Mesa de
Contratación del nuevo hospital, que a
partir de este criterio elevó al Govern su
propuesta a favor de Dragados-FCC.
Según expuso Flaquer, la voluntad
del Govern era rodear el proceso «del
máximo nivel de garantías» para evitar
cualquier sospecha de irregularidad en
torno a una de las mayores obras públicas
de las islas.
Antes de acudir a
estos profesionales, la Conselleria había
pedido opinión al Consell Consultiu, que,
pese a avalar la corrección del proceso de
adjudicación de esos trabajos, no entró a
valorar los aspectos técnicos y económicos
de las ofertas presentadas, debido a su
complejidad. Tras el trámite de ayer, es
necesario que las empresas elegidas se
constituyan formalmente y firmen con el
Servicio de Salud de las Islas el contrato
de las obras, que podrían iniciarse el
próximo mes de enero, o al menos ése es el
deseo del Ejecutivo balear. Flaquer aseguró
que las empresas que no estén de acuerdo
con la decisión de hoy (por ayer) pueden
recurrir ante la junta consultiva de
contratación o acudir a los Tribunales.
