E. C. L.
PALMA.- El Juzgado de
Primera Instancia número 4 de Palma acaba
de dar orden ejecutoria a una sentencia
dictada del Tribunal Supremo en la que se
condena al ex jefe de Urbanismo del Consell
e histórico miembro de UM, Rafael de Lacy,
a indemnizar con 1.000 euros a Carlos
Delgado y Mabel Cabrer por un delito de
intromisión ilegítima en su derecho al
honor. El magistrado Jaume Gibert le da un
mes para pagar y le obliga a publicar la
sentencia.
Con este auto se cierra
una de las contiendas judiciales entre
políticos más sonados de los últimos años,
cuyo primer episodio se remonta al 2 de
noviembre de 2000 y que también salpicó al
hoy presidente del Parlament, Pere Rotger.
La Comisión Insular de Urbanismo,
entonces presidida por De Lacy, acababa de
aprobar el Plan Urbano de Calvià gracias al
voto de calidad de UM. Se desveló entonces
que De Lacy no se había abstenido de la
votación pese a haber representado
profesionalmente desde su condición de
abogado a una empresa con intereses
urbanísticos en Magaluf. La acusación y sus
consecuencias mediáticas le forzaron a
abandonar su cargo de conseller ejecutivo
de Ordenación del Territorio y retirarse de
la vida pública.
El de UM reaccionó a
las críticas atacando y, según recoge la
sentencia, acusó ante diversos medios de
comunicación a varios dirigentes del PP de
tener intereses urbanísticos y velar por
ellos desde sus cargos públicos.
Concretamente arremetió contra la actual
consellera de Transportes y Obras Públicas
del PP, Mabel Cabrer, a quien acusó de
tener intereses urbanos en Andratx que
habrían sido protegidos por su partido
durante el debate sobre la famosa moratoria
urbanística del Pacte -aseguró que Jaume
Font dedicó el 80% de su intervención a
defender la exclusión de los terrenos de
Cabrer de dicha medida-. Del mismo modo, De
Lacy se despachó contra el actual alcalde
del PP de Calvià y por aquel entonces
concejal en la oposición, Carlos Delgado, a
quien también acusó de votar en contra del
Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de
Calvià «de forma torticera y en busca de su
beneficio particular». De Lacy denunció que
el alcalde del PP se oponía al cambio de
uso del Castillo de Bendinat, propiedad de
su familia. También le acusó de intentar
estafar a sus propios
familiares.
Cabrer y Delgado se
querellaron y, pese a que está acreditado
que en ambos casos la vinculación a
terrenos en Calvià y Andratx aludida por De
Lacy era cierta, la magistratura considera
que no era cierta la acusación de que
habían maniobrado guiados por intereses y
que por tanto se había menoscabado su
honor. La Audiencia Provincial y el
Tribunal Supremo han ratificado la
sentencia del Juzgado de Primera Instancia,
que ahora ejecuta la multa.
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