M. A. RUIZ
PALMA.- El Consejo
General del Poder Judicial (CGPJ) acordó
ayer trasladar al fiscal general del Estado
su malestar por las críticas que el fiscal
anticorrupción de Baleares, Joan Carrau, y
el fiscal Pedro Horrach vertieron el pasado
día 14 en rueda de prensa contra el juez
instructor del caso Andratx, Álvaro
Latorre.
En su comparecencia ante los
medios de comunicación, Carrau arremetió
contra el magistrado y criticó su decisión
de dejar en libertad al ex alcalde Eugenio
Hidalgo y al celador municipal Jaume Gibert
tras pagar 100.000 y 60.000 euros de fianza
respectivamente.
«La decisión
adoptada no se ajusta a derecho, la fianza
es desproporcionadamente baja y la libertad
de Hidalgo y Gibert pone en peligro la
investigación», afirmó el fiscal Carrau
ante los periodistas, tan sólo 24 horas
después de que el juez firmara el auto
libertad.
La comisión permanente del
Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)
acordó ayer trasladar al fiscal general del
Estado, Cándido Conde Pumpido, su
«preocupación» por la «imagen negativa» de
la Justicia que generan estas
declaraciones, «una imagen de confrontación
o enfrentamiento entre jueces y fiscales
muy alejada de los diferentes papeles que
están llamados a desempeñar en los procesos
judiciales».
La resolución fue
aprobada ayer por tres votos a favor,
correspondientes al presidente del Consejo,
Francisco José Hernando; el portavoz,
Enrique López, y el vocal propuesto por el
PP Carlos Ríos. Por su parte, los otros dos
miembros de la Comisión Permanente, Juan
Carlos Campo Moreno (designado por el PSOE)
y Félix Pantoja García (por IU), anunciaron
su intención de presentar un voto
particular.
El acuerdo ha sido
adoptado a propuesta del vocal de la
mayoría conservadora Luis Requero, quien
instó a la comisión permanente a que pida a
la Fiscalía General que estudie si los
fiscales de Baleares que comparecieron ante
los medios el pasado 14 de diciembre
incurrieron en «algún tipo de exceso» al
referirse a la actuación del juez
instructor, Alvaro Latorre, informó
Efe.
«Con otro
tono»
En un escrito dirigido a la
comisión permanente, que ha dado lugar
ahora a esta resolución, Requero señala que
«según las informaciones aparecidas en esa
rueda de prensa aparte de anunciarse la
interposición de un recurso los
representantes del Ministerio Público
criticaron una decisión del juez».
Según explica, «este tipo de hechos
empieza a no ser aislado, tal y como lo
evidencian las comparecencias ante los
medios de comunicación que otro
representante del Ministerio Fiscal vino
ofreciendo a propósito de las decisiones
que, en materia de Registro Civil, acordó
un juzgado de Denia (Alicante)».
A
su juicio, la posibilidad de informar a la
opinión pública a la que se refiere el
Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal «se
hace por otros medios, con otro tono y con
intervención de otras
personas».
Fianza desproporcionada
Además, Requero reclamó a la
comisión permanente que «si este tipo de
episodios evidencia alguna disfunción en el
funcionamiento de los gabinetes de prensa
de los Tribunales Superiores de Justicia,
se acuerde su estudio con la finalidad de
corregir las disfunciones que puedan
apreciarse».
Esta petición ha dado
lugar al acuerdo aprobado ayer, que también
recuerda a los fiscales de Baleares que
«los Tribunales Superiores de Justicia,
dependientes de este Consejo, son de uso
exclusivo de los órganos de gobierno del
Poder Judicial y de los órganos judiciales
de los distintos territorios».
En su
rueda de prensa del día 14, el fiscal
Carrau consideró «desproporcionada» la
fianza impuesta por el juez Latorre a
Hidalgo y Gibert. No por alta sino por
baja, ya que consideró que los
protagonistas de la presunta trama de
corrupción han amasado un gran patrimonio a
través de las operaciones inmobiliarias que
ahora se investigan.
«Ellos mismos
han reconocido haber obtenido beneficios
por valor de al menos 1,8 millones de
euros», argumentó Carrau, quien aseguró que
el celador Gibert reunió un patrimonio de
«800.000 euros en cinco años».
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