JOSÉ M. DE
LAMO
EIVISSA.- «Tarrés pensaba
en sí mismo cuando dijo que dijo que
Eivissa Centre es el caso más escandaloso
de las Pitiüses». De esta forma valoró ayer
el portavoz del Consell Insular, Joan Marí
Tur, las declaraciones vertidas por el
alcalde de Vila, Xico Tarrés, en las que
aseguraba que el Consell estaba boicoteando
el proyecto estrella del Pacte Progressista
de la ciudad de Eivissa.
Asimismo, y
ante la escalada que se está produciendo en
las declaraciones sobre este polémico caso,
Marí Tur hizo suyas las palabras
pronunciadas en el mensaje navideño de Su
Majestad Don Juan Carlos I en el que hacía
un llamamiento al «sosiego» de la vida
política.
«Si se cumple la ley unos y
otros podremos estar tranquilos», aseguró
el portavoz del equipo de Gobierno insular,
«y si no ahí están los juzgados». «Pido al
Ayuntamiento», añadió, «que tenga paz,
sosiego y tranquilidad ya que todo, con
buenos argumentos, tiene remedio».
Lo
que no tiene remedio, al menos por el
momento, es la aprobación de la
modificación puntual del Plan General de
Ordenación Urbana de Vila. Y es que el
portavoz de la máxima institución pitiusa
reconoció ayer que el Consell Insular
mantendrá totalmente paralizado el
expediente de Eivissa Centre hasta que los
tribunales no se pronuncien sobre la
aprobación unilateral realizada por el
consistorio vilero a través de un decreto
de Alcaldía.
De cualquier forma, la
tramitación del expediente del polémico
proyecto en la máxima institución pitiusa
tampoco podría continuar por su cauce
normal debido a que el equipo de Gobierno
dirigido por el socialista Tarrés todavía
no ha presentado el informe
económico-financiero requerido para poder
darle el visto bueno.
Pese a todo, el
hecho de que la sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Baleares (TSJB)
haya anulado cautelarmente el decretazo de
Tarrés ha vuelto a abrir las puertas a la
vía penal por las irregularidades que se
han cometido en su ejecución.
En este
sentido, el Grupo Popular de Vila pedirá al
juzgado número 3 de Eivissa, cuyo titular
es el magistrado Pablo Mendoza, que
recupere la denuncia penal interpuesta por
los populares contra el primer edil. Según
explicó la portavoz de la oposición
municipal, Virtudes Marí, el archivo
«provisional» de las causas penales contra
Tarrés se produjo «porque las diligencias
se basaban en que las obras eran
legalizables» merced a la aprobación de la
modificación del PGOU vía
decreto.
Sin embargo, la anulación
cautelar de la aprobación «tiene
consecuencias penales», según Marí, «y
podría acabar con la imputación del
alcalde».
Por su parte, Xico Tarrés
anunció que el departamento jurídico del
Ayuntamiento está estudiando la posibilidad
de presentar recurso de súplica contra el
auto de la sala de lo Contencioso
Administrativo del TSJB por el que se
anulaba cautelarmente la aprobación de
Eivissa Centre.
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