JOSÉ M. DE LAMO
EIVISSA.- La
resolución de la sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Baleares (TSJB) por
la que se suspende cautelarmente la
aplicación del 'decretazo' de Xico Tarrés
por la que se aprobaba la modificación
puntual del Plan General de Ordenación
Urbana de la ciudad (PGOU), ha dado un giro
radical al escándalo de Eivissa
Centre.
Aunque todo depende en estos
momentos de la sentencia que dicte el TSJB
al respecto, el hecho de que declarara
ilegal la aprobación municipal haría que se
volvieran a abrir las causas penales contra
el alcalde de Vila, el socialista Xico
Tarrés, por un presunto delito de
prevaricación.
Ante esta situación, y
según ha podido saber EL MUNDO/ Ibiza y
Formentera, es muy probable que el Partido
Popular vuelva a reiterar ante los
tribunales su denuncia por las
irregularidades detectadas en este proyecto
como son, entre otras, la construcción de
edificios sin la preceptiva licencia
municipal.
Fuentes populares
resaltaron a su vez que la resolución
dictada por el magistrado Pablo Mendoza
aseguraba que «podía haber prevaricación y
otros delitos desde el punto de vista
urbanístico». Sin embargo, decidió archivar
la denuncia porque Tarrés, además de
paralizar las obras ilegales de la mole de
Juan XXIII, aprobó, vía decreto y sin el
visto bueno del Consell Insular, que es el
que tiene las competencias al respecto, el
proyecto.
Actuaciones
penales
En este sentido, el
presidente del PP de Eivissa y Formentera,
José Juan Cardona, ya anunció la semana
pasada que la anulación cautelar del
decreto de Alcaldía por el que se aprobaba
automáticamente Eivissa Centre «puede
significar replantear todas las actuaciones
que se llevaron a cabo desde el ámbito
penal. Y podría ser que, ahora o más
adelante, se reabriera esta
vía».
Juan Cardona aseguró a su vez
que, dentro de su partido, existe «cierta
preocupación» por el rumbo que ha tomado el
caso Eivissa Centre «porque llevamos
demasiado tiempo hablando de
irregularidades en este
proyecto».
También recordó que, a la
falta de licencias para la construcción de
la mole de Juan XXIII, se une la carencia
de los permisos para la construcción del
nuevo colegio de sa Graduada. Un centro
que, a pesar de su situación irregular, fue
presentado el pasado jueves por el
socialista Tarrés. «En este país», dijo el
presidente de los populares pitiusos,
«todos estamos sometidos a la ley, los
ciudadanos y las instituciones, pero el
Ayuntamiento está construyendo sin cumplir
la ley».
Juan Cardona mostró a su vez
su extrañeza ante las declaraciones del
alcalde de Vila en las que aseguraba que
esperaba el auto del TSJB que anula el
decretazo. «Si es así, ¿por qué lo
hicieron? Eran conscientes plenamente de
que hacían un acto ilegal. Y si un
funcionario o cargo público dicta un
decreto que sabe que es ilegal, eso tiene
un nombre en el Código Penal».
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