MARTA CUNILL
MAHÓN/MAÓ.-
Una publicación sin firma con críticas a la
gestión política del PSOE ha trasladado a
los tribunales el debate político entre
equipo de gobierno insular y la oposición
del PP. La presidenta del Consell, Joana
Barceló, ha iniciado acciones legales en
contra de unas hojas que critican a la
institución insular por su posicionamiento
en temas relacionados con la lengua. A
pesar de que la publicación, de cuatro
páginas, no llevaba el logotipo del PP,
este partido confirmó ayer que fue él quien
lo editó.
Este diario no consiguió
ayer ponerse en contacto con la presidenta
pero el PP apuntó que Joana Barceló ordenó
buscar a quien editó la publicación el
pasado cuatro de diciembre. Sin embargo, la
misma institución insular «tiene perfecto
conocimiento a través del departamento de
Cultura y Educación del depósito legal» del
folleto. Y en el registro del depósito
legal figura que el Partido Popular como
autor y editor.
La publicación
incluye titulares como: «El PSOE de Menorca
vota a favor de que la Isla sea parte de
los mal llamados Països Catalans en contra
de la opinión de la mayoría de ciudadanos».
Asimismo, el PP explicó que no comparte la
«forma dada a un estudio público» realizado
por el Consell, en el que se incluyen los
españoles en una lista de la población
extranjera de Menorca.
De hecho, el
folleto destaca también esta noticia bajo
el siguiente título: «Joana Barceló
considera a los españoles no nacidos en
Menorca como extranjeros y los equipara a
chinos, filipinos o nigerianos, entre otras
nacionalidades».
Los
populares manifestaron su condena y
repulsa ante lo que consideran un «ataque a
la libertad de expresión». En este sentido,
y mediante una nota, el PP indicó que
asumía la «crítica política» que incluye el
folleto, en el que se critica la actitud
del PSOE de Menorca. Y es que los
socialistas, en su gestión de gobierno,
aprobaron el texto del manifiesto del
Correllengua que incluye frases como «por
encima de separaciones impuestas» y
«nuestros compatriotas que viven fuera del
país».
«Persecución
política»
Ante todos estos
argumentos, los populares
requirieron ayer a la presidenta que «deje
de realizar una persecución política de
quienes manifiestan públicamente su
discrepancia respecto a sus decisiones». Y
es que el PP menorquín cree que «la inmensa
mayoría de los menorquines no se consideran
miembros de los llamados Països Catalans».
En el mismo sentido, el PP lamentó
que se utilice dinero público para
«perseguir al adversario político», lo que
consideró que era un «acto impropio de un
estado democrático y respetuoso con la
libertad de expresión».
En una de
las hojas de la publicación distribuida y
editada por el PP, se destaca el siguiente
titular: «Joana Barceló discrimina a los
castellanoparlantes y prohíbe el castellano
en el Consell Insular». Esta noticia
informa de que la institución insular
«obliga» al personal a hablar «siempre y
con todo el mundo sólo en catalán». Además,
añade también que los cargos de la
institución no pueden escoger la lengua que
quiere hablar.
También las empresas
están obligadas a redactar sus facturas en
catalán. De hecho, y según la publicación,
el Consell acepta también textos escritos
en gallego y en euskera.
Imprimir
