INDALECIO RIBELLES
PALMA.- Una
amplia mayoría de ciudadanos de Baleares
considera que el fiscal Anticorrupción,
Juan Carrau, debería actuar ya contra la
presidenta del Consell de Mallorca, Maria
Antònia Munar y contra la ex alcaldesa
socialista de Calvià, Margarita Nájera. Así
se desprende del estudio demoscópico
realizado por Sigma Dos para El MUNDO / El
Día de Baleares que evidencia que los
electores en las Islas tienen más que
sospechas sobre el comportamiento de ambas
líderes políticas.
Llama la atención
que pese a que en 2003 los electores
castigaron a Nájera en no renovando su
confianza en los últimos comicios y
apartándola de la Alcaldía, tres años
después las sospechas sobre su
comportamiento siguen bien vigentes entre
los ciudadanos de Baleares. Por ello el 49%
de los encuestados consideran que el fiscal
tendría que actuar contra esta dirigente
apartada ahora por la voluntad popular, del
poder en Baleares. Sólo un 17,3% de los
entrevistados cree que Nájera es una
persona de entera confianza y que la
Justicia no tiene razones, ni argumentos,
para abrir una investigación, pese a que
llegó a acumular durante su mandato hasta
siete causas judiciales pendientes.
En la misma línea de desconfianza
que despierta Nájera se encuentra la
presidenta del Consell, Maria Antònia
Munar. En este caso el 46,8% de los
Baleares preguntados por Sigma Dos afirma
que la Fiscalía debe actuar sin más pérdida
de tiempo contra la líder de los
regionalistas que lleva casi un
decenio acumulando toda clase de sospechas
sobre los más diversos asuntos relacionados
con su gestión.
En este caso el
24,8%, sólo uno de cada cuatro ciudadanos
de las Islas, la considera lejos de todo
delito, lo cual indica el perfil que para
los votantes comienza a tener la cabeza de
cartel de los UM para el Govern en 2007.
La 'Piñata' y Can Domenge
En uno y otro caso la acción de
la Justicia no debería estar ni mucho menos
descartada, aunque a fecha de hoy todo
indica que las preferencias de la Fiscalía
son otras.
El pasado mes de junio, y
en otra encuesta elaborada por Sigma Dos
para este diario, hasta el 71,4% de los
ciudadanos de las Islas le exigía al fiscal
Anticorrupción que investigase los últimos
escándalos en los que se ha visto envuelta
la presidenta mallorquina Maria Antònia
Munar: el pelotazo urbanístico de
Can Domenge y la Piñata, mediante la cual
ha repartido más de 3 millones de euros
entre asociaciones dirigidas por altos
cargos de Unió Mallorquina y del propio
Consell de Menorca.
En primera
instancia La Fiscalía vio en este último
caso indicios de delito en el riego
continuado de subvenciones millonarias y
remitió el escrito de acusación al juez
instructor, Juan M. Sobrino. La
intervención de la Justicia en La
Piñata de Munar se produjo a raíz de la
denuncia interpuesta por un grupo de
ciudadanos en base a las informaciones
reveladas por EL MUNDO/El Día de Baleares,
según confirmaron fuentes de las Fiscalía.
Entre las donaciones de dinero
público realizadas por el Consell destaca
la efectuada a la asociación de sociedades
de Cazadores de Mallorca, que ha recibido
639.000 euros en 3 años; la de actividades
socio-Culturales de Mallorca, a la que se
le adjudicaron otros 572.000 euros en el
mismo período, o la asociación de
pseudopayeses Fora Vila (164.000 euros). La
primera de las citadas está dirigida por
Miquel Oliver, quien fue candidato de Unió
Mallorquina en Montuïri y actualmente es el
jefe de la Oficina de Caza del Consell, a
las órdenes del conseller de Medio
Ambiente, Miquel Angel
Borràs.
Mirar para el otro
lado
La asociación de actividades
socio-culturales tiene su sede en casa de
la directora de programas de Juventud del
Consell, Miquela Salvà y está dirigida por
dos ex candidatas de Unió Mallorquina en
Campos. En el caso de Fora Vila está
dirigida por supuestos payeses como el
director insular de Relaciones
Institucionales del Consell Josep Lliteres,
el alcalde de Banyalbufar Mateu Frau o el
teniente de alcalde de Calvià Isidre
Cañellas, y gestiona contratos del Consell
por importe de más de 800.000
euros.
Pese a estas diligencias a
fecha de hoy poco o nada se ha conocido de
este caso. Como tampoco ha requerido ni la
apertura de diligencias previas por la
Fiscalía de Baleares la reciente
adjudicación por el Consell mediante
concurso de un solar público (Can Domenge)
a una empresa que ofrecía la mitad de
dinero que uno de los concursantes.
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