M. A. FONT / CARMEN REMÍREZ
PALMA/MADRID.- El secretario de
Organización del PSOE, José Blanco, visitó
Palma el pasado viernes para en principio
celebrar un encuentro con los candidatos de
su partido a los principales municipios de
Baleares aunque en realidad lo que hizo fue
confirmar la decisión de su partido de
utilizar el caso Andratx como
instrumento de desgaste político contra el
Govern de Matas. En sus declaraciones a los
medios de comunicación, Blanco apuntó
directamente a la responsabilidad de Matas
en el escándalo y, hasta en tres ocasiones,
anunció que pronto habrá más miembros del
Govern imputados en la Operación Voramar. Y
no porque tenga «información privilegiada»
de la Fiscalía Anticorrupción, sino porque
«los compañeros socialistas de Baleares
están seguros» de que será así,
aclaró.
Blanco exigió que se
esclarezcan las «sombras de dudas de
irregularidad que no se limitan a un caso
puntual, como se sabe por la investigación
judicial: hay miembros del Govern -dijo en
alusión al ex director general de
Ordenación del territorio Jaume Massot y al
director general de Relaciones Europeas
Joan Carmel Massot- que están implicados y
estoy seguro de que no serán los únicos».
Respuesta de
Matas
Aunque lo cierto es que
tanto el destituido Jaume Massot como el
todavía responsable de Relaciones Europeas
no están imputados en la causa por su labor
en el Govern, sino por su anterior etapa
como arquitecto municipal y concejal,
respectivamente, en el Ayuntamiento de
Andratx.
Las declaraciones de Blanco
anunciando nuevas detenciones fueron
respondidas el pasado sábado por el
president del Govern, Jaume Matas en el
transcurso de la cena navideña celebrada en
el Casino de Calvià. Matas dijo que no
permitiría que el PSOE «utilizara el
caso Andratx para cambiar las reglas
del juego del debate electoral y para
modificar el resultado de las eleciones
como ya hizo con los atentados terrroristas
del 11-M». Matas expresó su convencimiento
de que el PSOE a partir de ahora, «pondría
en practica la filosofía utilizada tras los
atentados del 11-M para intentar ganar
votos en todos aquellos lugares donde sabe
que está perdiendo la partida».
En
clara alusión a Blanco y Francesc Antich,
dañadió que «ante el demoledor balance de
gestión que está realizando el Govern del
PP, el PSOE no tiene más remedio que romper
las reglas del juego y está dispuesto
incluso a romper el tablero donde se juega
la partida y esto no lo vamos a
permitir».
A nviel nacional, el PP
también ha criticado que los candidatos del
PSOE a las elecciones autonómicas de mayo
anuncien por adelantado las detenciones que
la Fiscalía ha promovido recientemente en
relación con la presunta corrupción
relacionada con los altos cargos del
principal partido de la oposición.
Ángel Acebes
Ángel
Acebes, el secretario general de los
populares, subrayó ayer esta
circunstancia, relacionada con las
declaraciones protagonizadas la semana
pasada por el secretario de Organización
del PSOE, José Blanco, y el líder
socialista balear, Francesc Antich, después
de negar, por boca del consejero de
Interior y secretario general de las islas,
José María Rodríguez, que éste avisara a su
vez al alcalde de Andratx de que iba a ser
detenido.
Acebes transmitió así la
sospecha de su partido no sólo hacia la
instrumentalización política de las
acciones de la Fiscalía en materia de
corrupción, sino hacia la falta de disimulo
de sus beneficiarios políticos en el uso de
una presunta información privilegiada.
«¿Qué está pasando con el Estado de
Derecho?», se preguntaba ayer en rueda de
prensa el número dos del PP, al
tiempo que denunciaba la proliferación de
«pinchazos telefónicos». «¡Debe estar todo
el mundo pinchado!», protestó Acebes, «y
alguien debería asumir
responsabilidades».
Mientras tanto,
José Blanco insistía en sus declaraciones
contra el PP de Baleares y lanzó ayer un
llamamiento al líder del PP, Mariano Rajoy,
para que «tome decisiones» en el denominado
caso Andratx y «no mire para otro
lado». Blanco, que recordó a Rajoy su
compromiso público contra los casos de
corrupción, indicó que los últimos datos
que se conocen sobre el escándalo
urbanístico de Baleares le hacen imposible
«no tomar decisiones por una vez, porque
está implicado de lleno el Gobierno de
Baleares que preside Jaume Matas».
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