Palma, a similitud de las grandes ciudades -Madrid o Barcelona entre otras- tiene ya su Ley de Capitalidad, una norma que pretende compensar el sobrecoste que debe soportar la ciudad por ser la capital del archipiélago. Ello supondrá que en materia financiera se garantiza que recibirá una inversión anual no inferior a 30 millones de euros, además de la correspondiente al fondo de cooperación municipal que para el próximo año será de aproximadamente cinco millones, para complementar el nivel de infraestructuras, instalaciones y servicios asociados al carácter de capital, y por otra parte recibirá también del presupuesto de la CAIB inversiones, como aportaciones a los consorcios que se creen, por un importe, como mínimo, del 16% del total de las dotaciones consignadas para inversiones reales. Todo lo cual puede acabar con la penuria económica de una urbe que a su condición de capitalidad une la de tener que soportar la mayoría de servicios e infraestructuras de la isla, desde el aeropuerto a la eliminación de basuras.

Pero la nueva ley permite también, y ahí es donde ha surgido el mayor motivo de discordia en relación a esta norma, que el Ayuntamiento asuma las competencias finales en materia de Urbanismo, sin que sea precisa la aprobación posterior por parte del Consell de Mallorca. Y hay quien considera -así el propio Consell, que recurrirá este aspecto de la ley- que si el urbanismo de todos los municipios está sometido a una tutela superior, carece de lógica que Palma trate de sustraerse a este control. Un argumento sin embargo que si bien es cierto puede convertirse también en un búmeran contra quien lo esgrime, en este caso el Consell de Mallorca. Porque si bien la gestión de las competencias que son de titularidad de la Comunidad Autónoma pueden ser transferidas -y muchas lo son- a los consells, que son órganos de administración local, mientras que el Govern tiene que rendir cuentas de su actuación ante el Parlament, los consells insulares rinden únicamente cuentas, al igual que los ayuntamientos, ante su propio pleno. Entonces, qué mas da que el ayuntamiento de Palma tenga la competencia en materia de urbanismo que que la tenga el Consell de Mallorca porque la cuestión esta, en todo caso, en saber quien controla al controlador y resulta que el controlador se controla a si mismo, lo cual no deja de ser un importante déficit democrático.

En la isla que tiene mas entidad, en todos los ordenes, el ayuntamiento de Palma que el propio Consell Insular y que dispone también de mas medios que aquel, no se justifica que necesite tener su urbanismo tutelado por alguien que tiene una inferior capacidad de gestión al tiempo que idénticos controles. Porque la administración insular, ese escalón intermedio que padecemos en Baleares, ni lo es todo ni puede pretender suplantar al Govern, el único que tiene realmente capacidad de control. Y además solo añade burocracia.