LOS PUNTOS SOBRE LAS ÍES
La sombra del 13-M se cierne sobre la 'Operación Voramar'

¿Intenta el PSOE por las malas lo que no puede ganar por las buenas?

EDUARDO INDA

Jueves pasado. Doce y media de la mañana en punto. Cuartel general de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Baleares en la Plaza de los Patines. Decenas de periodistas acuden a la rueda de prensa más concurrida que se recuerda en meses si no en años. La cara desencajada del fiscal anticorrupción Juan Carrau es todo un poema, perfecto reflejo de alguien que es estructuralmente tímido y coyunturalmente está de los nervios porque las cosas no van como a él le gustaría, mejor dicho, por donde a él le gustaría, que parece lo mismo pero no es estrictamente lo mismo. Su enfado es con el debido respeto metafóricamente similar al del niño al que se le ha roto el juguete. Las piezas del mecano que nuestro hombre en Anticorrupción ensambló atropelladamente el 27 de noviembre ya no encajan como antes.

Como quiera que no soy adivino desconozco si Juan Carrau pasará a la historia de la Justicia o a la de la injusticia por su actuación en el caso Andratx, en definitiva, si terminará de fiscal estrella o estrellado. Pero sí tengo más clarísimo que claro que ha patentado una forma de ejercer la acusación más propia de esos Estados Unidos en los que el ministerio público debe hacer méritos mediáticos mil para seguir en el machito que de esta España nuestra en la que el anonimato ha sido siempre santo y seña de una institución indispensable.

En lugar de hablar por escrito, que es como deben hacerlo los acusadores públicos, Juan Carrau optó por echarse al monte rueda de prensa mediante arremetiendo contra el juez que instruye el caso Andratx: «Ha puesto en peligro la investigación al dejar en libertad a Hidalgo y a Gibert, ha tomado una decisión que no se ajusta a Derecho y ha establecido una fianza desproporcionadamente baja». Casi nada, tres en uno: atribuyó al juez Álvaro Latorre una imprudencia cuando no una negligencia y bordeó el siempre peligroso terreno de la acusación de prevaricación y, para más inri, por partida doble. Un atropello en opinión de los que conocen a un Latorre que milita en la transversal asociación Francisco de Vitoria. Todos los amigos, conocidos y compañeros del juez juzgado por Carrau coinciden más-menos, palabra arriba-palabra abajo, en que es un personaje prudente, moralmente invulnerable, con una buena cabeza y pulcro hasta decir basta procesalmente hablando.

Menos mal que el Consejo General del Poder Judicial ha saltado al ruedo para echarle un capote al embestido juez en una actuación con tan pocos precedentes como la rueda de prensa misma. El CGPJ advirtió a Carrau que actuaciones así «no benefician a la imagen de la Justicia» y le recordó que su obligación es hablar «pero no en ruedas de prensa sino en resoluciones». Contundente diplomacia.

La que mediáticamente hablando es la segunda operación anticorrupción más importante de España de los últimos años pierde fuelle cual globo pinchado. La fianza fijada por su señoría Latorre, 100.000 euros para Eugenio Hidalgo y 60.000 para Jaime Gibert, lo dice todo. Con una simple regla de tres basta y sobra para hacernos idea de en qué ha quedado de momento la Operación Voramar: la garantía exigida al ex alcalde de Andratx es 30 veces menor a los 3 kilos que Carrau reclama aquí y ahora como responsabilidad patrimonial y 60 inferior a los 6 millones iniciales y en el caso del celador municipal Jaime Gibert 50 y 100 veces más baja. Lo normal y lo habitual es que si hay desproporción sea de uno a dos, de uno a tres o de uno a cuatro si me apuran, pero no de uno a ¡¡¡30!!!, de uno a ¡¡¡50!!! o de uno a ¡¡¡100!!!

El gozo de la Fiscalía General, que este dúo dinámico se comiera el turrón en Son Rossinyol -es decir, en la cárcel-, en un pozo. Ni el alcalde-promotor ni el inspector municipal darán la bienvenida al año electoral de 2007 entre rejas. La resolución del vitorino magistrado es la que tocaba teniendo en cuenta que el gran «cohecho» que provocó la redada modelo marbellí ha resultado ser una compraventa elevada a escritura pública ante notario y declarada a Hacienda. Si bien es cierto que esta moda de compatibilizar una Alcaldía o una concejalía con negocios urbanísticos es repugnante no lo es menos que el caso que nos ocupa es intosible legalmente en su columna vertebral. Cosa bien distinta es que el por otra parte estajanovista Juan Carrau dé cualquier día con la caja de Pandora, la abra y salga basura para parar un tren. Que puede ser.

¿Por qué este gatillazo? Me da que algún genio de no sé qué cuerpo del Estado concluyó que los 738.000 euros que aparecieron al rastrear las cuentas de Hidalgo y de la mujer de Gibert constituían el soborno que habían estado persiguiendo durante meses y meses con el ahínco que les falta para empurar a una MAM cuyas corruptelas cantan a la legua. Tras auscultar el Registro Mercantil y el de la Propiedad se tiraron a la piscina: el ingreso bancario no tenía aparentemente ninguna justificación. Conclusión: «Es una comisión». El problema es que las prisas son malas consejeras o tal vez no querían que la realidad les estropease tan buena historia o seguramente las dos cosas a la vez, el caso es que olvidaron que no todos los traspasos de acciones de empresas se comunican al Registro Mercantil. Segundo olvido: en lugar de pedir cuentas a los interesados y luego enchironarlos si procedía, decidieron enchironarlos y luego pedirles cuentas. Resultado: la mordida no era tal mordida salvo que la sofisticación en la materia haya llegado a extremos que al limitado coco de este menda se le escapan.

De momento, pues, el orgasmazo ético que se antojaba la Operación Voramar se ha convertido en un gatillazo de imprevisibles consecuencias jurídicas y de inevitables consecuencias electorales -el mal o el bien ya está hecho-. Gatillazo o no, lo cierto es que posibilitaría ese Pacte de Progrés que hace tres semanas era una entelequia y que hoy es una factible posibilidad. La entente Antich-MAM-Egipcio cierra el círculo diabólico.

Curiosamente, la Fiscalía puso patas arriba Andratx el mismo día en que EL MUNDO publicaba a cinco columnas una encuesta de Sigma Dos que agrandaba la mayoría absoluta de Jaume Matas, jibarizaba a esa MAM que está en todas las salsas y otorgaba un estirón a Antich. Tres semanas menos un día después el panorama electoral ha saltado por los aires: Matas perdería la mayoría absoluta en el peor escenario y en el regular y la mantendría por los pelos en el mejor, Francesc Antich volvería a ser president en el mejor y en el regular y Maria Antònia Munar recuperaría de un plumazo los dos diputados que su galopante corrupción le había arrebatado.

Vamos, que si la Operación Voramar tuviera como objetivo tumbar por las malas a un PP invencible por las buenas no lo habrían hecho mejor. Como quiera que bucear en la conciencia de Juan Carrau, de su jefe (Conde-Pumpido), del jefe de su jefe (López-Aguilar) o del jefe de su jefe de su jefe (ZP) debe ser tan complicado como hacerlo en la de cualquier otro ciudadano, me abstendré de caer en la tentación del voluntarismo. Y empirismo demoscópico en mano hay una conclusión incontrovertible: nada es y seguramente nada será igual tras una peliculesca redada sólo comparable a la de la Operación Malaya.

Más casualidades de un malpensado llamado Eduardo Inda: así como el dibujo electoral ha dado un giro de 180 grados en Mallorca, es decir, en la isla en la que se encuentra Andratx, el de Eivissa y Menorca permanece prácticamente intacto 20 días después.

Claro que las sospechas se aproximan a la categoría de evidencias al contemplar día tras día el grado de conocimiento que exhiben los Antich, Pepiños y cía sobre los pasos que da o deja de dar la Fiscalía en una exhibición de información privilegiada que deja chiquita a la de César Alierta en el caso Tabacalera. El secretario general del PSIB balear vaticinó que habría más ayuntamientos del PP y más altos cargos encausados y de momento ya hay un director general más metido en toda esta película, ese otro Massot director general de Relaciones Europeas. El eterno estudiante de Primero de Derecho que es José Blanco pronosticó anteayer tres cuartos de lo mismo y me temo que se repetirá la jugada. De ahí que yo del honesto Carlos Delgado pondría las barbas a remojar tras el tan chulesco como calumnioso llamamiento del PSOE de Calvià para que Anticorrupción coja la autopista y se quede a medio camino de Palma. Y si fuera director general del Govern me hincharía a valiums no vaya a ser que mi boleto resulte agraciado en esta tómbola.

Echo el cierre sentenciando lo obvio: que esto suena a intento de alterar el natural discurrir de las cosas electorales, especialmente, tras desinflarse un globo llamado Voramar. A seis meses escasos de ese día D que será el 27-M no puedo dejar de acordarme de aquel 13-M del «no nos merecemos un Gobierno que mienta» y del acoso a todo lo que oliera a PP. El «detén, que algo queda» podría ser un arma tan involuntaria jurídicamente hablando como infalible en el terreno político. Por una elemental razón: si el caso Andratx queda en agua de borrajas quedará en agua de borrajas después del 27-M. ¿Y entonces a quién le pide cuentas el PP? Muy sencillo: al maestro armero.

e.inda@elmundo.es