Casualmente el mismo día en que
una encuesta de EL MUNDO/SIGMA DOS
proclamaba vencedor al PP en las Islas por
mayoría absoluta y con un margen mucho más
amplio que en el de las anteriores
elecciones. Un resultado que daría al
traste con las esperanzas de los
socialistas y transformaría por primera vez
en prescindible a Unió Mallorquina (UM), el
partido bisagra que preside Maria Antònia
Munar, y que teniendo tan sólo dos
diputados gobierna a sus anchas el Consell
de Mallorca.
Hasta los propios
ejecutores de la operación reconocen que se
vieron obligados a adelantar las
detenciones y los registros al menos una
semana. Aunque otras fuentes apuntan a que
la Operación Voramar estaba prevista
inicialmente después de Reyes. No obstante,
sea cual fuere la fecha exacta, los
ejecutores han trasladado su disconformidad
por las prisas que les llevaron a
precipitar los acontecimientos y que les
han impedido concluir las pesquisas como
hubieran querido.
A este descontento
se suma la ira de fiscal Carrau al
comprobar que el magistrado ha minimizado
su investigación, que apunta al cobro de
sobornos por valor de al menos 1,2 millones
de euros, y que le llevó el pasado jueves a
protagonizar una actuación sin precedentes.
Convocó a todos los medios de comunicación
para arremeter contra el juez. «Ha puesto
en peligro la investigación dejando libres
a Hidalgo y a Gibert y no ha actuado
conforme a Derecho», aseguró. Su recurso ya
obra en poder de la Audiencia, que hasta
enero no piensa pronunciarse sobre el caso
y el Consejo General del Poder Judicial ya
le ha dicho a Carrau que lo que hizo «no
beneficia a la imagen de la Justicia».