ESTEBAN URREIZTIETA
EDUARDO
COLOM
PALMA.- Tres semanas después
del inicio de la denominada Operación
Voramar contra la corrupción
urbanística en el municipio de Andratx
todos y cada uno de los imputados ya se
encuentran en la calle. El presunto
cerebro de la trama, el ex director
general de Ordenación del Territorio del
Govern balear, Jaume Massot, el Juan
Antonio Roca mallorquín según fuentes
próximas a la Fiscalía, fue puesto en
libertad sin fianza por el juez el mismo
día que declaró.
El hasta ahora
alcalde popular, Eugenio Hidalgo, y
el celador de obras, Jaume Gibert, también
se encuentran en sus domicilios tras abonar
sendas fianzas de 100.000 y 60.000 euros
respectivamente. Treinta y cincuenta veces
menos de lo que exige ahora Anticorrupción
y 60 y 100 inferiores a la petición incial.
Las investigaciones continúan, los
implicados se comerán el turrón en sus
casas y sobre el sumario planean cada vez
más incógnitas. Hasta una decena de
inconsistencias que, salvo que surja en los
próximos días una prueba demoledora,
podrían llegar a volverse contra quienes
idearon la Operación Voramar y la
hicieron explotar a seis meses de las
próximas elecciones autonómicas y
municipales.
1. El núcleo del
escándalo. El caso Andratx gravita
en estos momentos sobre un supuesto soborno
de 738.000 euros. El fiscal pidió la
detención de Hidalgo, Gibert y Massot y el
registro de sus domicilios y del
Ayuntamiento de Andratx basándose en el
cobro de 369.000 euros por parte del ex
alcalde de Andratx y de otro tanto por
parte de la esposa del celador. Vio los
ingresos en sus cuentas bancarias y sostuvo
desde el primer momento que se trataba de
un soborno. Pero obvió un detalle. Es
cierto que ambos cobraron dicha cantidad,
pero lo hicieron ante notario y tras vender
sus participaciones en la promotora con la
que operaban en el municipio. Es más, la
operación fue comunicada a Hacienda por
duplicado. El precio que cobraron por la
empresa y por un solar de 2.700 metros
cuadrados en Cala Llamp se ajustaba además
al de mercado.
2. La sorpresa de la
Guardia Civil. La Guardia Civil acudió por
orden del fiscal Carrau a la sede de las
sociedades que pagaron el soborno de
738.000 el mismo día, el 27 de noviembre,
en que se desató la Operación
Voramar. Lo hizo al grito de «buscamos
sobornos al alcalde y si colaboráis, el
fiscal se portará bien». El mando que
lideraba el grupo que se personó en las
sedes societarias confesó su «sorpresa» al
comprobar que la mordida que estaban
buscando correspondía en realidad a una
compraventa de participaciones ante
notario, declarada al fisco, financiada por
Sa Nostra y que adquirió un terreno
ajustándose al precio fijado por la
prestigiosa tasadora Tinsa. Curiosamente, a
partir de ese momento los implicados no
volvieron a ser preguntados en sus
declaraciones ante el juez por la
transacción que detonó el escándalo.
3. El contraataque del fiscal. Una
vez certificada la realidad, Juan Carrau
admite en su último informe que,
efectivamente, el pago corresponde a una
venta de participaciones. Pero aun así
continúa culpando de un delito de cohecho
al hasta ahora primer edil del PP y al
celador municipal. Asegura ahora que
inicialmente no invirtieron nada en dicho
negocio y que se limitaron a cobrar los
738.000 euros. Por lo que, siempre según
él, sigue siendo un soborno. Carrau se
olvida esta vez de que Hidalgo y la
mujer de Gibert compraron, también ante
notario, el solar de Cala Llamp al
adquirírselo a un matrimonio alemán el 31
de mayo de 2004. Así que invirtieron poco
más de medio millón de euros y cobraron un
año después unos 200.000 euros más en una
operación especulativa aparentemente
legal.
4. Los 'sobornadores', en
casa. Las empresas que pagaron los 738.000
euros a Eugenio Hidalgo y a Jaume Gibert
son Spanish Investment e Inversiones Bruja.
A pesar de que Carrau concluye que el ex
alcalde y el celador percibieron un
cohecho, quienes lo abonaron no han sido
imputados. Ni siquiera ha sido llamado a
declarar uno solo de los miembros de estas
sociedades. Eso, a pesar de que el Código
Penal castiga al que recibe el soborno pero
también al que lo paga.
5.
Operaciones inexistentes. El auto judicial
que motivó el registro del Ayuntamiento y
de los domicilios y las sociedades de los
implicados se basa en el informe del fiscal
y está repleto de errores y de operaciones
inexistentes. En lo que respecta a la
cantidad cobrada por el ex alcalde de
Andratx y la mujer del celador municipal
tras vender su parte en la promotora
asegura textualmente que la sociedad
Prollamp de Ponent «pagó al alcalde».
Eugenio Hidalgo nunca cobró de su propia
constructora.
6. Excarcelaciones a
buen precio. El hombre al que desde un
primer momento se apuntó como el cerebro de
la trama de corrupción urbanística, Jaume
Massot, quedó en libertad con cargos 72
horas de ser detenido. Hidalgo y Gibert han
quedado en libertad a cambio de unas
cauciones de 100.000 y 60.000 euros a pesar
de que el fiscal les pedía inicialmente una
fianza a cada uno de 6 millones de euros y
días después la rebajó a 3 por cabeza. La
fianza impuesta a ambos contrasta, por
poner un ejemplo, con los 150.000 euros que
han pedido para cada uno de los dos
policías acusados de hablar con EL MUNDO en
relación al 11M.
7. La recalificación
fantasma. Otra de las acusaciones se basa
una supuesta recalificación en suelo
rústico de Eugenio Hidalgo para beneficiar
a su socio en el negocio de la promoción
inmobiliaria. El diario El País
acusó al constructor Manuel Zapata de
haber dado un pelotazo de 10
millones de euros con la reclasificación de
un solar rústico. El terreno sobre el que
versa la acusación fue declarado urbano por
el Plan General de Andratx en 1976 y hace
tan sólo dos el Consell de Mallorca lo
reconvirtió en rústico a través de su Plan
Territorial. O sea que nos encontraríamos
ante una cuestión más administrativa que
delictiva.
8. El alcalde promotor. El
fiscal imputa al primer edil y al
funcionario público el delito de
negociaciones prohibidas. Una acusación que
se deriva del hecho sobradamente conocido
desde hace años y reconocido públicamente
por Hidalgo en diversas ocasiones de que
compagina su control del urbanismo
municipal con los negocios de promoción
inmobiliaria a través de diversas
sociedades. Los servicios jurídicos del
Ayuntamiento de Andratx sostienen que el
alcalde no ha vulnerado la Ley de
Incompatibilidades; y subrayan que siempre
se ausentó de las decisiones políticas que
afectaban a sus parcelas.
9. El
despliegue de medios. El fiscal organizó un
despligue de medios sólo comparable al de
la Operación Malaya desatada en
Marbella, que investiga el robo de 2.000
millones de euros en el Consistorio
andaluz. Hasta cinco decenas de agentes de
la Guardia Civil se llevaron esposados a
Hidalgo y a Gibert tras avisar previamente
a todos los medios de comunicación de las
Islas. En este caso el presunto fraude
ascendería a poco más de un millón de
euros. De manera paralela el denominado
caso Ciempozuelos no ha ido
acompañado de ningún despliegue especial a
pesar de versar sobre una comisión de 40
millones de euros supuestamente dirigida al
ex alcalde socialista.
10. Los
escándalos 'olvidados'. El mismo fiscal que
ha emprendido la Operación Voramar
ha pasado por alto la venta a mitad de
precio por parte de la presidenta de
Mallorca del mejor solar público en el
centro de Palma. Tampoco ha reparado en el
reparto por parte de Munar de varios
millones de euros entre las
pseudoasociaciones creadas ad hoc
por vips de UM y estrechos
colaboradores suyos. Ni en los negocios con
los que transporta la grava de las
carreteras que adjudica y el carbón de la
central térmica cuyas competencias maneja.
Y mucho menos en los supuestos cohechos que
percibió la ex alcaldesa socialista de
Calvià Margarita Nájera para construir su
mansión.
Imprimir
