Si no fuera porque estamos ante un asunto serio y las cuestiones jurídicas tienen un amplio margen de interpretación, ya que de otra forma no harían falta ni fiscales ni jueces y bastaría con la Ley de Linch -aunque algunos políticos la aplican a discreción-, deberíamos considerar que aquí alguien se esta columpiando. O un fiscal anticorrupción que hace detener, mete en la cárcel a dos ciudadanos y los acusa de seis delitos que, acumulados, podrían llevarlos a la sombra durante 18 años, o un juez que, aplicando una rebaja sustancial a las exigencias del fiscal, los deja en libertad con una fianza máxima de cien mil euros. A elegir. Pero no. Probablemente cada uno, fiscal y juez, estén haciendo honradamente su trabajo, ya que de otra forma tendríamos que acordarnos de una palabra muy gruesa que ahora no viene a cuento, lo cual no quiere decir que ni uno ni el otro acierten en sus decisiones.

Los hechos sin embargo, de momento, no cuadran. Una Fiscalia Anticorrupción monta una operación sin precedentes con medio centenar de guardias civiles de por medio y cámaras de televisión a granel, para detener a un alcalde y a un "misus" y meterlos en la cárcel. Consecuencias inmediatas: acojone general, acusaciones indiscriminadas de corrupción hasta del que compra una bolsa de pipas sin IVA y todo un presidente de comunidad autónoma que, para ver de contener una marea que amenaza con no dejar títere con cabeza, se reúne con un fiscal general del Estado que aplica la rebaja del tío Paco. Y un juez que reduce tan, al parecer, grave cuestión a la mitad de la mitad de la mitad. Y, claro está, el asombro general de la ciudadanía queda garantizado.

El fiscal fiscalizado, en una actuación calificada como sin precedentes, arremete luego contra el juez, en horas veinticuatro de que éste emitiera su auto rebajando sus exigencias, argumentando que «la decisión adoptada no se ajusta a derecho, la fianza es desproporcionadamente baja y la libertad pone en peligro la investigación» ¿Quiere esto decir que el asunto se esta desinflando? Es aventurado suponerlo. Porque ninguna de estas actuaciones presupone todavía la solución final. Lo que queda claro mientras tanto es que tanto despliegue mediático parece desmesurado. E inclina a pensar que a alguna señoría debieran aconsejarle que inscribirse en Mira quien baila tiene más repercusión al tiempo que menos peligro de embarrar el campo de la Ley.