INDALECIO RIBELLES
PALMA.- El
president balear, Jaume Matas, tiene en su
mano que el día de hoy pase a los anales de
la historia de la capital balear con la
aprobación por el Parlament de la Ley de
Capitalidad de Palma. Un nuevo marco legal
en materia de competencias que reconoce,
por primera vez, los costes que para los
palmesano tiene ser el epicentro político,
económico y administrativo de las Islas. Y
lo hace más allá de las palabras, con
dinero en mano, garantizando un mínimo de
inversiones anuales y ofreciendo más y
mayores competencias a la capital.
En cifras los números cantan: 30
millones de euros limpios deberá invertir
cada año el Govern en Palma en toda clase
de infraestructuras y un mínimo del 16% del
presupuesto de la comunidad además de
ofrecer más competencias en Urbanismo y en
control Patrimonial.
Por vez primera
el municipio que alberga al 40% de la
población de Baleares alcanza su mayoría de
edad con un texto que, todo apunta, sólo
contará, con el voto favorable del PP. El
resto del arco parlamentario, o se
abstendrá o votará en contra, estando ya
garantizado el rechazo desde las filas
socialistas, anunciado el pasado jueves por
su portavoz parlamentaria, Francina
Armengol, y de los regionalistas de
Unió Mallorquina (UM) que presiden el
Consell de Mallorca tras un pacto con el
PP.
La Ley de Capitalidad acaba con
el dominio que viene ejerciendo el Consell
en Palma en materia de Urbanismo,
Patrimonio y Ordenación del Territorio y su
utilización partidista que se ha venido
realizando estos años. Por ello ayer la
presidenta del Consell, Maria Antònia
Munar, ya avanzó que UM no aprobará el
proyecto de Ley de Capitalidad de Palma que
se debatirá en la tarde de hoy en el Pleno
del Parlament. Munar consideró inaceptable
que «el Ayuntamiento pueda hacer en materia
urbanística todo lo que quiera sin ningún
tipo de control
supramunicipal».
Punto y
final
Para la líder de los
regionalistas «la prudencia del PP
debería ser la de no aprobar mañana la Ley
de Capitalidad», agregó, «en un momento en
que todo el mundo está bajo sospecha y hay
acusaciones tan graves y tan reales de que
a través del urbanismo se cometen delitos»,
opinó la presidenta del Consell.
Inicialmente, el voto de UM era favorable,
tal y como indicó a Europa Press el
vicepresidente del Consell, Miquel Nadal,
horas antes, pero posteriormente la
formación decidió cambiar el sentido de la
votación.
A partir de 1 de enero,una
vez que el texto entre en vigor, el Consell
de Mallorca deberá ser consultado por el
Ayuntamiento de Palma antes de aprobar
cualquier normativa, modificación de
planeamiento o plan urbanístico, pero sus
informes no serán definitivos, ni tendrán
carácter vinculante. Munar emplazó al PP a
«aparcar» la cuestión para que la ley no se
apruebe mañana en el Parlament. Además,
añadió que si se aprueba, «UM se encargará
en la próxima legislatura de que ningún
Ayuntamiento sea autónomo para hacer lo que
quiera con un tema tan importante como el
Urbanismo».
La respuesta del PP a
Munar no se hizo ayer esperar y vino por
partida doble. El conseller de Interior,
José María Rodríguez, aseguró que sería
«oportunista» que los partidos de la
oposición mezclaran la Ley de Capitalidad
con la trama de corrupción destapada en
Andratx e «injusto» para los palmesanos
negar al Ayuntamiento unas competencias que
necesita a causa de la «actuación
desgraciada» de una persona en un
municipio, en referencia al ex alcalde
detenido en la Operación Voramar,
Eugenio Hidalgo. En comparecencia ante los
medios de comunicación, Rodríguez recordó
que la Ley de Capitalidad, que será
debatida hoy en el Pleno del Parlament, es
una norma «largamente esperada» por Palma y
que contaba en su origen con el apoyo de
todas las formaciones.
«Es hora de
que vayamos a una tercera
descentralización», agregó e indicó que
«los consells no pueden pedir más
competencias al Govern si no están
dispuestos a cederlas también a los
Ayuntamientos en caso de que éstos lo
puedan hacer bien», consideró.
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