Último pleno municipal de Petra. Ante
una provocación sobre Andratx, dejo caer lo
siguiente: «No parlin d'Andratx, que si
gratàssim per aquí potser ens duríem
qualque sorpresa». La caja de los truenos
estalla. El alcalde del PSM, imputado en
dos causas penales por corrupción
urbanística, tiene la desfachatez de
llamarme «pocavergonya», que no
respeto a las instituciones y que «no le
difame más». Insinúa que me expulsará y yo
abandono el pleno por mi propio pie. Todo
el mundo sabe que en Petra, en materia de
obras, tothom fa lo que vol. Los
datos dan fe de ello: en un pueblo de 2.700
habitantes, se concedieron 780 licencias de
obras, 338 en suelo rústico, durante el
2000, 2001 y 2002. Y sólo 74 proyectos
visados. ¿Por qué Carrau o el GOB no
se dan una vuelta por Petra?
Uno de
los rasgos que distinguen a la izquierda
balear es su hipersensibilidad a ser
tocados cuando ellos dan a diestro y
siniestro por muchísimo menos de lo que
ellos hacen. Erigiéndose sistemáticamente
en juez y parte, la izquierda desconoce que
la equidad es la primera virtud que debe
adornar a quien juzga. Tampoco tiene
escrúpulos para utilizar los resortes del
Estado -delegación de Gobierno, Guardia
Civil, Fiscalía- contra el PP. Todo vale.
El partido es su patria: Andratx y el
caso Giorgio son los últimos ejemplos.
Una utilización perversa de los aparatos
del Estado para criminalizar al enemigo
político ensañándose y linchándole hasta lo
grotesco, repugnante fariseísmo por cuanto
tampoco ellos están libres de pecado,
enorme manipulación mediática secundada por
sus altavoces mediáticos, proclamación
histérica de solemnes bobadas en nombre de
grandes virtudes. Mucho continente y poco
contenido.
Caso Giorgio.
Inspección de Trabajo, dependiente del
Gobierno central, admite a trámite una
denuncia anónima y sospechosa -¿el PSOE de
Felanitx?- por una «irregularidad» en el
nombramiento de la argentina Laura
Giorgio como jefe de gabinete de la
consellera de Inmigración. Una supuesta
«infracción leve» de tipo administrativo
-no comunicar el cambio de actividad a
delegación de Gobierno- se transforma en
una «infracción muy grave» -al mismo nivel
que el tráfico clandestino de inmigrantes o
poner en peligro la Seguridad Exterior- con
objeto de que sea el delegado del Gobierno
socialista, Ramon Socías, quien se
apropie del expediente y así escandalizarse
como una progrebeata llevando el caso a la
prensa afín. Una infracción leve que por
otro lado el Govern sostiene que no es tal,
puesto que la propia Secretaría de Estado
de Inmigración exime a los cargos de
confianza -como lo es un jefe de gabinete
de una consellera- de cumplir este
requisito al igual que lo hace el artículo
40 de la ley de extranjería 4/2004. En todo
caso, un asunto jurídico e interpretable de
la legislación sin más, por cuanto no hubo
ninguna intención de ocultar
nada.
Una minuciosidad y una
meticulosidad administrativas que
contrastan con la etapa del Pacte de
Progrés cuando éste emprende una auténtica
colonización masiva de la función pública
para controlarla colocando a sus
conmilitones. Primera estampa. El Pacte
transforma 40 plazas de jefe de servicio de
libre designación que había dejado el PP en
147 plazas designadas a dedo en
2003. Segunda estampa y más grave: durante
la etapa del Pacte los mismos sindicatos
demandan al Govern de Antich por haber
convertido ¡¡367 plazas!! a las que se
accedía por concurso en plazas de libre
designación -a dedo-. El Pacte
pierde en los juzgados y se niega a cumplir
dos sentencias desfavorables al respeto.
¿Cómo tienen ahora la desvergüenza de
cuestionar nimiedades como el nombramiento
-no contrato- de Giorgio? Cínicos que
hablan el lenguaje de los fariseos.
