MARIONA CERDÓ
PALMA.- «No conozco
el caso de ningún tribunal que haya
empezado a investigar al Consell de
Mallorca». El secretario general del PSOE
en Baleares, Francesc Antich, negó ayer en
rueda de prensa que exista corrupción en la
institución insular y eludió así
pronunciarse acerca de los casos
denunciados por este periódico de
contratación pública de empresas y
asociaciones dirigidas por miembros de Unió
Mallorquina (UM).
El líder socialista
ignoró la providencia redactada por el juez
Juan M. Sobrino, en la que confirma que hay
indicios de «prevaricación administrativa»
en las ayudas públicas entregadas por parte
del Consell de Mallorca y pide a la
Fiscalía Anticorrupción que decida qué
órgano judicial debe ser el encargado de
investigar el caso.
«No tengo
conocimiento de ninguna causa abierta por
casos de grava ni de subvenciones», se
limitó a decir Antich. Eso sí, garantizó
que «si se da alguna situación de
corrupción en el Consell, el PSOE
responderá de la misma manera como lo ha
hecho en los casos investigados actualmente
por el juez». Una afirmación que hizo
extensiva a los casos que pudieran surgir
en ayuntamientos socialistas.
«Una
manzana podrida puede aparecer en cualquier
canasta», sentenció Antich, que defendió la
puesta en marcha de medidas políticas para
evitar los casos de corrupción. «El caso de
Andratx es excepcional, porque no se ve
todos los días a un alcalde esposado, pero
no puntual, nadie puede estar tranquilo»,
añadió.
«Compromiso»
El
secretario general socialista convocó la
rueda de prensa para presentar una
propuesta de resolución en la que expresa
el «compromiso» de su partido para impulsar
la normativa necesaria para evitar
eventuales casos de corrupción y las
«recalificaciones oscuras y a la carta».
Antich comentó que ése es uno de los
ocho puntos que contiene esa propuesta, por
la cual el PSIB adquiere un «compromiso
ético para la igualdad y de pacto con los
ciudadanos para la protección del
territorio», informa Efe.
En
otro de los apartados, el PSOE balear se
compromete a crear la legislación y los
cambios de planeamiento necesarios para
impulsar un modelo de crecimiento económico
«respetuoso con el territorio y el medio
ambiente», así como a aumentar el control,
la transparencia y la gestión ciudadana en
la ordenación del territorio, el urbanismo,
el medio ambiente y el patrimonio natural y
cultural.
