La familia Matutes demostró la semana
pasada la falsedad de las acusaciones del
GEN al dar a conocer uno de los recibos de
contribución urbana abonado al Ayuntamiento
de Sant Antoni y relativo a los terrenos de
Ses Variades que, posteriormente, adquirió
Realia Bussiness. Recibo que sí figura en
la documentación de la compra-venta y que
el GEN ocultó.
Los suelos a los que
hacen referencia los ecologistas tienen la
condición de urbanizables. Así figuran en
el Plan General de Ordenación Urbana de
Sant Antoni, que fue aprobado en 1986, y en
el que estos suelos son considerados como
urbanizable programado. Posteriormente, las
Directrices de Ordenación Territorial,
aprobadas por el Govern a finales de 1998,
respaldaron esta calificación, basándose en
que el terreno en cuestión impedía la
prolongación de dos calles, en concreto las
de Lepanto y Velázquez.
Por este
motivo y al estar rodeado de suelos
urbanos, mantuvo su condición de
urbanizable. Condición que luego fue
recogida por el PTI, que fue aprobado
definitivamente por el Consell Insular el
año pasado.
La denuncia del GEN, que
hicieron pública la semana pasada, fue
presentada ante la Fiscalía en el mes de
mayo sin que ésta tomara ningún tipo de
medida.
