INDALECIO RIBELLES
PALMA.- El
Ayuntamiento de Palma registró ayer en el
Consell de Mallorca el primer recurso
contra la incoación de la orden para
declarar Bien de Interés Cultural (BIC) a
la sede de la compañía Gesa-Endesa en la
calle Joan Maragall de Palma en plena
Fachada Marítima. En el escrito Cort acusa
al Consell de «desviación de poder» y de
proceder de forma irregular a la hora de
tramitar la incoación del expediente de
proteción.
Un expediente que está, en
la actualidad, en proceso de información
pública para que todos los interesados
puedan presentar alegaciones contra esta
decisión de la institución insular que
supondrá, en caso de confirmarse
finalmente, la ruptura del diseño de la
Fachada Marítima dibujada por el urbanista
Joan Busquets.
En el pliego de
alegaciones del Consistorio se destacan
cinco puntos principales en los que Cort
razona su rechazo a esta decisión. Cinco
argumentos que arrancan con la tardanza del
Consell en adoptar una decisión que tiene
su punto de partida en una simple instancia
realizada en 2004 por el Colegio de
Arquitectos para que se estudiase esta
posibilidad.
Una opción que no había
sido tan siquiera contemplada por nadie en
la tramitación de los planeamientos
urbanísticos de 1.973 (Plan Ribas Piera);
en el Plan General de 1985, el primero en
el que se incluyó un catálogo de edificios
a proteger; en 1998, donde el catálogo de
edificios a proteger fue redactado por
miembros de la Universidad, ni tampoco en
2003 cuando se aprobó la modificación del
Plan General de Levante. En segundo lugar,
Cort basa su rechazo en que la Ley de
Patrimonio Histórico balear exige que, para
la inclusión de una construcción en la
categoría de Bien Catalogado, es necesario
plantearse cuál es el grado de valor y
significación requerido para que se den los
requisitos para estimar su catalogación.
Una decisión sin
justificar
Como ayer expuso el
teniente de alcalde, Rodrigo de Santos, el
expediente del Consell tan sólo incluye dos
informes «ninguno de ellos de la
Universidad», precisó. Uno de ellos es
favorable a la protección, está redactado a
título personal (por la profesora de
Historia de Arte de la UIB, Catalina
Cantarellas, antes incluso de que el
Consell procediese a incoar el expediente
de protección) y otro, en contra de su
conservación, del arquitecto Rafael de las
Heras.
Junto a ello en las
alegaciones presentadas por el Ayuntamiento
de Palma se dice que el procedimiento
iniciado por el Consell en primera
instancia establecía que la construcción
sería un Bien Catalogado y, posteriormente,
en la información expuesta al público el
nivel de protección cambia al de Bien de
Interés Cultural.
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