La portavoz parlamentaria del PSIB-PSOE,
Francina Armengol, expresó ayer su
indignación por que el president Jaume
Matas renunciase en la Cámara a su
«obligación» de dar explicaciones sobre el
caso Andratx y aseguró que, mientras
no lo haga, está «inhabilitado para ejercer
cualquier cargo público». Así se refirió,
en declaraciones a los medios de
comunicación, a la intervención de Matas
ayer en el Parlament durante las preguntas
que sobre este caso le plantearon los
grupos de la oposición.
La
responsable socialista consideró que las
respuestas de Matas no fueron suficientes
para explicar su actuación en un caso por
el cual está en prisión un alcalde del
Partido Popular, en referencia al ex primer
edil de Andratx, Eugenio Hidalgo, y está
imputado el ex director general de
Ordenación del Territorio, Jaume Massot.
Matas «ha mentido desde el primer
día» sobre este caso, aseguró Armengol,
quien recordó la entrevista que tanto el
presidente balear como el conseller de
Interior, José María Rodríguez, mantuvieron
con Hidalgo «40 horas antes de ser
detenido», encuentro cuyo contenido «no
quiere explicar».
Asimismo, la
portavoz del PSIB se mostró convencida de
que el Govern balear ha contratado a un
gabinete externo no para intervenir en el
Urbanismo de Andratx, sino para «armar la
defensa» de Hidalgo en el proceso judicial
y con «dinero público».
Desde
Madrid, el portavoz del grupo socialista en
el Congreso, Diego López Garrido, afirmó
ayer que el caso de corrupción urbanística
en el municipio de Andratx «desborda» los
límites de Baleares y se convierte «en una
cuestión nacional», por la que el
presidente de los populares, Mariano Rajoy,
debería dar explicaciones.
López
Garrido criticó el «silencio» del Partido
Popular respecto a este caso concreto y a
otros «numerosísimos» que, según dijo, han
salido en Valencia, y mencionó de forma
expresa al portavoz del PP, Eduardo
Zaplana, de quien dijo que «parece mentira»
que ayer no hubiera hecho «la más mínima
mención» al caso Andratx en la rueda
de prensa posterior a la reunión de la
Junta de Portavoces.
El responsable
parlamentario también pidió al Partido
Popular que en lugar de criticar al
Gobierno que trata de combatir estas
irregularidades urbanísticas, le ayude en
esta tarea y aseguró que el Ejecutivo está
poniendo «todos los medios» al alcance de
la Fiscalía Anticorrupción para lograr este
objetivo.
En este sentido, señaló
que la Fiscalía «fue sencillamente
congelada y neutralizada» por el Gobierno
de José María Aznar, pero cuando ésta
«empieza a trabajar de verdad» y se ponen
los medios necesarios a su disposición,
«empiezan a salir los presuntos delitos que
puedan existir».
