ESTEBAN URREIZTIETA
PALMA.- El
juez Álvaro Latorre ofreció ayer al Consell
de Mallorca la posibilidad de hacerse cargo
de las competencias urbanísticas de
Andratx. El titular del Juzgado de
Instrucción número 12 de Palma dictó una
providencia en la que insta a la
institución que preside Maria Antònia Munar
a que «valore la conveniencia de subrogarse
en las competencias municipales de
urbanismo». Asimismo dio traslado de este
ofrecimiento al Ministerio Fiscal y a todas
las partes personadas en el proceso
judicial que se sigue en el marco de la
denominada Operación Voramar contra
la corrupción urbanística en
Andratx.
Cabe recordar que fue el
propio ex alcalde del municipio quien ya
planteó esta idea hace apenas un mes.
Eugenio Hidalgo retó públicamente al
Consell de Mallorca a que planteara la
subrogación de competencias de Urbanismo si
tal como afirmaba el conseller insular de
Ordenación del Territorio, Bartomeu Vicens,
su departamento «recibe diariamente
denuncias por presuntas irregularidades
urbanísticas» debido a unas normas
subsidiarias que datan de 1976.
«Lo sabe hacer
mejor»
Hidalgo subrayó con su
peculiar vehemencia que debía ser la máxima
institución mallorquina la que asumiera
esta responsabilidad ya que de «las
reiteradas críticas y denuncias» que
realiza de la gestión municipal se
desprende que «sabe y puede hacerlo mejor».
Así, el primer edil recalcó su deseo de que
fuera el Consell quien tramitara las
concesiones de licencias y, en caso de
oponerse a ellas, la que abonara las
indemnizaciones en el caso de que la
Justicia diera la razón a los
administradores en todos aquellos recursos
que interpongan por denegación de
licencias.
Al planteamiento del
alcalde se sumó, con argumentos
completamente distintos, el grupo
ecologista GOB. En este sentido esta
organización recordó que la Generalitat
valenciana ya ha retirado las competencias
urbanísticas al Ayuntamiento alicantino de
Catral como consecuencia del «desaguisado
inmobiliario» que padecía el municipio.
Partiendo de este precedente el GOB
sostenía dias antes del inicio de la
Operación Voramar que la situación
urbanística en Andratx «roza el
esperpento». Destacaban en esta línea «los
destrozos paisajísticos, la masificación de
la costa, las edificaciones ilegales dentro
de zonas protegidas».
«Todo ello se
ha producido», en palabras de esta
organización, «porque se ha aprovechado la
ambigüedad de una normativa urbanística
desfasada y la complicidad municipal más
absoluta». Los hechos que justifican una
actuación inmediata del Consell son, según
los ecologistas, la concesión de licencias
municipales de obras irregulares en suelo
rústico. El mismo que ahora investigan el
juez y el fiscal. La tesis del GOB radica
en que Hidalgo ha utilizado de forma
«fraudulenta» una disposición de la Ley del
Suelo Rústico que permite ampliar viviendas
construidas legalmente. Sin embargo, según
los ecologistas no es cierto que existan
viviendas en las parcelas. Asimismo, dicen
que se considera suelo urbano terrenos que
legalmente tienen clasificación de suelo
rústico e, incluso, protegido.
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