G.
REVELLES / J. M. DE
LAMO
EIVISSA.- «Ridículas».
Así calificaron ayer fuentes de la familia
Matutes las acusaciones que, contra ellos y
desde el GEN, se formularon sobre supuestos
delitos de corrupción
urbanística.
Los ecologistas
aseguraron ayer que han remitido a la
Fiscalía Anticorrupción una denuncia sobre
la existencia de supuestos delitos de
corrupción en la redacción y aprobación del
Plan Territorial Insular (PTI). Para una de
las portavoces de este grupo, pilar de la
Izquierda radical de las Pitiüses, Neus
Prats, «este documento incurre en
ilegalidades tales como tráfico de
influencias, prevaricación y actividades
prohibidas a autoridades, ya que se redactó
y aprobó con disposiciones a medida de
proyectos urbanísticos vinculados al ex
ministro de Exteriores del PP, Abel Matutes
Juan».
El GEN también denunció que
la hija del ex ministro, la consellera
insular Stella Matutes, votó a favor del
Plan Territorial que, según ellos,
beneficia a las empresas de su familia,
según Europa Press.
Como
pruebas de esta denuncia el GEN presentó
una serie de documentos registrados el 12
de mayo de 2004, donde sociedades del Grupo
Matutes vendieron a la inmobiliaria Realia
Business, perteneciente FCC, terrenos
ubicados en la zona de Ses Variades, en
Sant Antoni. Según los ecologistas, estos
terrenos estaban calificados como suelo
rústico con la condición suspensiva, ante
notario, de la aprobación definitiva en el
PTI antes de tres años de su desarrollo
urbanístico.
Contribución
pagada
Una acusación cuya
falsedad se puede comprobar observando la
imagen que ilustra esta noticia y que no es
más que uno de los recibos de contribución
urbana abonado por los Matutes al
Ayuntamiento de Sant Antoni y relativo a
estos terrenos. Recibo que, si el suelo
fuera rústico, nunca hubieran pagado. Y
recibo que, además, el GEN ocultó ayer al
dar a conocer sus denuncias, puesto que se
encuentra en el mismo expediente que ellos
mostraron a los medios.
Lo cierto es
que los suelos a los que hacen referencia
los ecologistas tienen la condición de
urbanizables. Así figuran en el Plan
General de Ordenación Urbana de Sant
Antoni, que fue aprobado en 1986, y en el
que estos suelos son considerados como
urbanizable programado. Posteriormente, las
Directrices de Ordenación Territorial,
aprobadas por el Govern a finales de 1998,
respaldaron esta calificación, basándose en
que el terreno en cuestión impedía la
prolongación de dos calles, en concreto las
de Lepanto y Velázquez.
Por este
motivo y al estar rodeado de suelos
urbanos, mantuvo su condición de
urbanizable. Condición que luego fue
recogida por el PTI, que fue aprobado
definitivamente por el Consell el año
pasado.
A pesar de estas realidades,
los ecologistas, que llevan años tratando
de imputar ilegalidades a los Matutes,
insistieron ayer en que el suelo de Ses
Variades, que fue vendido por la familia a
Realia Bussiness hace dos años, tiene la
condición de rústico.
El GEN fue más
allá al afirmar que lo estipulado por el
PTI coincidiría con lo supuestamente
pactado entre Realia y los Matutes. Pacto
que, según los ecologistas, supondría que
la venta del terreno a Realia estaría
condicionada a que se permitiera urbanizar
la zona.
La denuncia del GEN,
finalmente y según pudo saber este
periódico, fue presentada el pasado mayo,
sin que la Fiscalía la admitiera a
trámite.
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