M. A. RUIZ
PALMA.- En el PP de
Baleares se han encendido todas las luces
de alarma. Los populares temen que
la Operación Voramar puesta en
marcha por la Fiscalía en Andratx no sea
sino el primer paso de una «operación
política de acoso y derribo» que, a tan
sólo seis meses de las Elecciones
Autonómicas, podría afectar a los
municipios mallorquines de Calvià, Santa
Margalida y Ses Salines, así como los de
Ciutadella (Menorca) y Sant Josep
(Eivissa), todos ellos gobernados por el
PP.
Un temor que se ha disparado
después de que, apenas unas horas después
de que el juez Álvaro Latorre decretara
prisión incondicional para el ex alcalde de
Andratx, Eugenio Hidalgo, y para el celador
municipal de obras Jaume Gibert, una
llamada anónima al Consolat de Mar alertara
ayer de que la Policía «entrará» el próximo
martes en otros cinco ayuntamientos de las
Islas.
Lo desveló ayer el portavoz
del Govern, Joan Flaquer, antes de anunciar
que el presidente Jaume Matas ha solicitado
una audiencia urgente con el fiscal general
del Estado, Cándido Conde-Pumpido, para
ofrecerle la colaboración del Ejecutivo
autonómico en la investigación abierta al
Ayuntamiento Andratx por corrupción
urbanística.
«Ninguna
credibilidad»
En cuanto a la
llamada anónima recibida a las 9 de la
mañana en el Consolat de Mar, el conseller
Joan Flaquer aseguró que «no podemos darle
más credibilidad que a cualquier otra
llamada anónima, en principio ninguna»,
aunque le dio suficiente relevancia como
para comentarla por iniciativa propia en
una rueda de prensa.
Sin embargo,
fuentes del Govern consultadas ayer por
este diario no ocultaron ayer su
preocupación ante la posibilidad de que
Andratx sea tan sólo el primer episodio de
una «ofensiva política» que, a través de la
Fiscalía manejada por el Gobierno
socialista, intentaría desmantelar algunos
de los feudos tradicionales del PP a tan
sólo seis meses de las Elecciones
Municipales.
En este sentido, la
inquietud de los populares se centra
en los municipios de Calvià (el socialista
Antonio Manchado lleva toda la semana
pidiendo que el fiscal investigue su área
de urbanismo), Ses Salines (el ex alcalde
Sebastià Vidal dimitió a raíz del caso
caballistas), Santa Margalida (el
alcalde Antoni del Olmo se ha visto
implicado en el caso cintas),
Ciutadella (donde la Fiscalía se ha
querellado contra los tenientes de alcalde
Avel.lí Casasnovas y Llorenç Casasnovas por
una polémica permuta) y Sant Josep
(Eivissa). El Ayuntamiento de Manacor
también entraba ayer en las quinielas. El
president Jaume Matas quiere aprovechar la
audiencia urgente que pidió ayer para pedir
explicaciones a Conde-Pumpido sobre la
«información privilegiada» que presume
tener estos días el líder del PSIB-PSOE,
Francesc Antich, quien el martes anunciaba
en rueda de prensa que en las próximas
horas habrá «nuevas detenciones» en el
marco de la Operación
Voramar.
«Vamos a ponernos a
disposición de la Justicia para ofrecerle
toda nuestra colaboración en la
investigación abierta, sin interferir en
ningún procedimiento», anunció ayer el
propio Jaume Matas, quien expresó su
«preocupación» por el hecho de que Antich
intente «generalizar las sospechas» en
torno a los ayuntamientos gobernados por el
PP. «Antich ni siquiera oculta que tiene
información que nosotros no tenemos»,
comentó Flaquer al
respecto.
Antich lo niega
todo
En este sentido, el
secretario general del PSIB-PSOE, Francesc
Antich, pidió ayer a Matas que se mantenga
«al margen» del trabajo de la Fiscalía
General del Estado y negó que tenga
«información privilegiada» sobre futuras
intervenciones judiciales en otros
municipios.
«¿De qué tiene que
hablar con la Fiscalía?», se preguntó en
rueda de prensa el líder socialista en
referencia a Matas. Antich añadió que «la
Fiscalía y los jueces tienen que hacer su
trabajo» y que éste debe estar «al margen»
del de los políticos, el cual debe
realizarse «en los parlamentos y en los
ejecutivos».
«No sé si el Govern
está en situación de 'shock' o es que no se
da cuenta de la seriedad del asunto que
tenemos entre manos», se preguntó Antich,
quien negó disponer de esta información
privilegiada sobre la actuación de la
Fiscalía. No obstante, agregó: «Vamos a
seguir pidiendo que la Fiscalía investigue
estas cuestiones. El presidente Matas y el
Partido Popular saben que tienen otros
ayuntamientos donde hay situaciones
anormales», informó Efe.
El PSIB
sostiene que el número de ayuntamientos
gobernados por el PP en los que hay causas
pendientes con la Justicia son una
veintena, «un tercio» del total de los
consistorios de la Comunidad Autónoma. En
este sentido, el dirigente socialista
subrayó su convicción de que «todas
aquellas personas que se valen de su cargo
para incrementar patrimonio y robar a la
ciudadanía deben ser investigados y
perseguidos».
Imprimir
