ENRIQUE FUERIS
ANDRATX.- La
asociación ecologista GOB (Grupo Balear de
Ornitología y Defensa de la Naturaleza)
remitió el pasado octubre a la Fiscalía
veinte nuevos presuntos delitos de
corrupción urbanística que ha cometido el
Ayuntamiento de Andratx. El GOB acusa al
alcalde del municipio, Eugenio Hidalgo, de
«otorgar licencias irregulares
sistemáticamente».
La asociación
denuncia que «ya hace tiempo» que el
Consistorio andritxol comete este
tipo de irregularidades urbanísticas y que
lo hace parapetándose bajo una utilización
fraudulenta de una disposición de la Ley de
Suelo Rústico.
Según los ecologistas,
la manipulación de la ley en cuestión se
centra en el punto número 2 de la misma, el
cual contempla como legal la ampliación de
casas ya edificadas que no hayan agotado
los parámetros edificatorios en el momento
en el que se les otorgó la antigua
licencia.
Ésta es según el GOB la
ranura por la que se cuela el Ayuntamiento
para conseguir sus fines: llevar a cabo
ampliaciones de cualquier tipo, sea en
suelo rústico o bien en suelo protegido. La
agrupación indica que el retorcimiento de
la norma es tal que incluso se llega a
ampliar zonas en las que de hecho no
existe ninguna edificación. Desde el GOB
sostienen que así se autorizan chalés en
lugares donde legalmente no es posible
hacerlo.
Para el GOB, hecha la ley,
hecha la trampa. La agrupación señala de
esta manera como detonante de esta
situación a «la ambigüedad de las normas
urbanísticas», la cual tildan de «antigua y
desfasada».
Éste, afirman, no es el
único conducto que la ley provee para que
el Consistorio cometa sus irregularidades.
Según el grupo. Existe otro tipo de
manipulación de la normativa urbanística:
enmascarar los terrenos rústicos como
urbanos para conceder las licencias.
Así, el Consistorio se aprovecharía
de que terrenos rústicos protegidos
«disponen de servicios o de consolidación»
para otorgarles la categoría de urbanos
cuando en realidad no lo son.
Los
veinte casos de presunta corrupción
urbanística que presentó la formación
ecologista se dividirían en dos grupos: uno
que pertenecería a la manipulación del
permiso de ampliación (en el cual se
recogen 14 casos) y el de catalogación de
suelo urbano al suelo rústico.
El GOB
ya instó el mes pasado al Consell de
Mallorca a retirar las competencias
urbanísticas al Ayuntamiento de Andratx,
una vez se supo que se había abierto
diligencias por presuntos delitos de
prevaricación, amenazas y coacciones a
Hidalgo. Los ecologistas recordaron que la
Generalitat valenciana hizo lo propio
recientemente con el Consistorio alicantino
de Catral ante una situación similar.
