La Cámara balear también aprobó ayer la
Ley del Sistema Bibliotecario de las Islas.
Y lo hizo con los votos a favor de PP y UM,
aunque el partido de Maria Antònia Munar
fue muy crítico con la actitud mantenida
por parte del Govern a lo largo del
proceso.
La diputada de UM Dolça
Mulet acusó al Ejecutivo balear de haber
intentado «usurpar competencias a los
consells insulares». Por ello, lanzó al
Govern la siguiente advertencia: «Votamos a
favor pero nos mantendremos vigilantes, el
Govern y los consells tienen sus propias
competencias y se deben respetar». Poco
antes, también había asegurado: «No es un
gran proyecto de ley pero se ha mejorado
gracias a UM».
La diputada y también
vicepresidenta responsable de Cultura del
Consell de Mallorca expresó los recelos de
su partido ante un texto que, antes de ser
modificado por las enmiendas de la
oposición, manifestaba la voluntad del
Govern de «usurpar» competencias «con la
excusa de coordinar», según expuso.
El temor a una invasión de
competencias de los consells por parte del
Govern vertebró también la defensa de las
46 enmiendas de EU-EV y las 37 del PSM.
La portavoz adjunta de EU-EV
Margalida Rosselló y el diputado del PSM
Eduard Riudavets consideraron que la nueva
Ley contradice en lo que se refiere a la
estructura competencial del archipiélago la
realidad de la Comunidad Autónoma y la
reforma del Estatuto, que, aprobada por el
Parlament, tramita el Congreso de los
Diputados. Esta circunstancia también fue
puesta de manifiesto por la socialista
Rosamaria Alberdi, quien, sin embargo,
centró su intervención en reclamar un texto
regulador «más avanzado y valiente», que,
basado en la normativa de la UE, prevea los
servicios de las bibliotecas del futuro,
informa Efe.
Alberdi también
cuestionó que la Ley carezca de «un
compromiso de financiación» para
desarrollar el sistema bibliotecario de las
islas. Por otra parte, Riudavets criticó,
asimismo, que la Ley no obligue a los
municipios pequeños a disponer de una
biblioteca pública y señaló que todos los
términos de Baleares tendrían que contar
con estas instalaciones y que el Govern
debería colaborar en su financiación en los
núcleos de población reducida.
