EL
MUNDO
PALMA.- La Junta de
Portavoces parlamentaria debatirá hoy sobre
la propuesta del PSIB referente a la
constitución de una comisión no permanente
que, en el plazo de dos meses, elabore una
proposición de ley que establezca los
instrumentos legislativos apropiados para
garantizar la transparencia, objetividad e
imparcialidad en la actuación de cargos
públicos de Baleares.
La Junta de
Portavoces se reunirá a partir de las 13.30
horas y someterá en consideración la
propuesta, después de que la Mesa del
Parlament haya admitido a trámite la
solicitud realizada por el PSIB. Los
socialistas abogan por la creación de una
oficina de control del patrimonio de los
cargos públicos, que estaría dirigida por
agentes y fuerzas de seguridad del
Estado.
El diputado socialista y
autor de la propuesta, Antoni Diéguez,
detalló la semana pasada el contenido de la
proposición de ley en la que se regulan los
instrumentos que serán necesarios para la
fiscalización del patrimonio injustificado
de los cargos públicos. La comisión, en
caso de constituirse, discutirá y definirá
el proyecto de ley propuesto por el PSIB
que, según Diéguez, está «abierto» a las
aportaciones que puedan realizar el resto
de partidos. La Oficina de control del
patrimonio actuará por iniciativa propia o
bien a instancias del Parlament, los
consell insulares o los ayuntamientos y
estará adscrita a la Comisión de Hacienda y
Presupuestos, cuyas decisiones deberán ser
adoptadas mediante una mayoría de dos
tercios de la Cámara.
El conseller
autonómico de Interior, José María
Rodríguez, manifestó ayer, por su parte,
que el Govern defenderá cualquier medida
que se impulse para «regenerar» la vida
política y luchar contra la corrupción, por
lo que expresó el compromiso del Ejecutivo
de estudiar la proposición de ley
presentada por el PSIB para la creación de
una oficina de control del patrimonio de
los altos cargos, asegurando que la
respaldará «si es efectiva y eficaz».
Rodríguez aseveró que el PP no permanecerá
«impasible» ni «ausente» ante cualquier
iniciativa que persiga a quienes cometen
actos que «se salen de los hábitos éticos»,
según informa EP.
