Recordar que, con el
contencioso-administrativo del Partido
Popular, son ya cuatro los recursos
interpuestos contra la aprobación, mediante
decreto, del Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU) de la ciudad de
Eivissa.
La máxima institución
pitiusa lo acordó así el pasado mes de
octubre por considerar que la aprobación
por decreto de alcaldía esta modificación
significa una «flagrante vulneración de la
normativa», lo que provoca «tanto la
nulidad de pleno derecho de esos actos,
como también una invasión de las
competencias del Consell».
De este
modo, en el recurso, el Consell solicitó la
suspensión del decreto y de la modificación
del PGOU dado que la institución pitiusa
consideró que esta decisión municipal
vulnera de forma «clara» sus competencias
en materia urbanística. Competencias según
las cuales es el Consell y no los
ayuntamientos el que, de manera única y
exclusiva, puede aprobar definitivamente el
planteamiento general y sus modificaciones.
El presidente insular, Pere Palau,
recordó que su obligación es «defender los
intereses del Consell frente a la
administración que sea». Palau destacó que
el Pacte Progressista insular votó en
contra de la decisión de presentar el
recurso a pesar de que «su obligación es
también defender los intereses de esta
institución», valoró el presidente
Palau.
Además del IBAVI, la
Asociación de Afectados de Eivissa Centre
presentó un recurso
contencioso-administrativo ante el TSJB en
el que cuestionan la tasación realizada
tanto de los inmuebles de Santa Margarita,
como de los del macroedificio de Juan XXIII
por parte de la empresa mixta Itusa. «Si el
Ayuntamiento plantea una permuta»,
indicaron fuentes de la asociación, «lo
lógico es que lo que tú recibes tenga el
mismo valor que lo que das».
