MADRID.—El Gobierno mostró ayer su confianza en que el traspaso de las competencias de Justicia a Baleares se haga efectivo antes de que finalice la actual legislatura, aunque señaló que en las próximas semanas estudiará el informe presentado por el Ejecutivo autonómico en Madrid donde se contemplan los costes que supondrían las transferencias así como los referidos a infraestructuras judiciales.
Tras la reunión mantenida esta tarde entre el ministro Juan Fernando López Aguilar y la vicepresidenta del Govern, Rosa Estaràs, el secretario de Estado de Justicia, Luis López Guerra, matizó que dentro de unas semanas volverá a reunirse con el Ejecutivo balear para concretar cifras.
López Guerra se refirió a «un plazo razonable, un plazo medio en la presente legislatura», aunque advirtió de que «todo dependerá del rumbo que lleven las negociaciones».
«La reunión ha servido para recibir una serie de datos de informes sobre la situación de la justicia en Baleares e iniciar el cálculo de los costes que pueden suponer las transferencias de todos los servicios de justicia a la comunidad autónoma», aseguró López Guerra, quien, sin embargo, no adelantó los costes económicos de esta operación. «No es el momento de anticipar cifras», añadió.
Infraestructuras
A mediados de octubre, Estaràs ya anunció que pediría al ministro de Justicia el traspaso de las competencias en esta materia por 50,6 millones euros al año y que propondría también la inversión de otros 101 millones de euros en infraestructuras judiciales, frente a los cuatro millones que ofrece el Ejecutivo central.
No obstante, la vicepresidenta puntualizó que el Govern está dispuesto a pactar con López Aguilar una financiación escalonada y señaló que, en un plazo de nueve años, esos 50,6 millones de la gestión más la parte proporcional destinada a subsanar las carencias, sumarían una media de 81 millones de euros anuales –teniendo en cuenta la evolución de la moneda–.
Por su parte, la número dos del Gobierno balear mostró su satisfacción tras el encuentro y destacó el carácter «receptivo» del ministro. «Lo importante es que el Ministerio va a estudiar el informe que hemos entregado», dijo. Estaràs ha mantenido reuniones de trabajo con anterioridad a la elaboración del estudio con el presidente del TSJB, el fiscal jefe el decano de Colegio Oficial de Abogados, la decana del Colegio Oficial de Procuradores y el decano del Colegio Oficial de Graduados Sociales.
Por último, en relación a las carencias y necesidades de los órganos de justicia de Baleares, López Guerra señaló que el Gobierno invertirá en el 2007 un total de 60.000 euros para el proyecto inicial de construcción de un nuevo juzgado en Ibiza, de modo que la construcción se inicie en 2008.
