RAFAEL GABALDÓN
MANACOR.-Tres
informes profesionales de abogados
urbanistas encargados por agentes de la
propiedad inmobiliaria, empresarios
promotores de grandes obras, varios
arquitectos y la Asociación de Propietarios
de Inmuebles aseguran que las
recalificaciones urbanísticas que hace el
Plan General de Ordenacion Urbana (PGOU) de
Manacor a través de 11 convenios
urbanísticos contemplados en la nueva
normativa no podrán entrar en vigor hasta
que el mismo PGOU se apruebe
definitivamente y se publique completo en
el BOIB.
Mientras duren los trámites,
el terreno recalificado será rústico como
se refleja en las actuales normas
subsidiarias y para que sea residencial,
industrial, urbano, directo o edificable
tendrá que pasar por aprobación inicial, la
preceptiva suspensión de licencias, el
periodo de alegaciones, la aprobación
provisional y la definitiva.
Los once
convenios urbanísticos entre el
Ayuntamiento y los promotores
inmobiliarios, en los que se recalifica más
de dos millones de metros cuadrados, harán
posible la liquidez de la corporación
municipal para asumir los gastos del PGOU,
se pagarán deudas que el Ayuntamiento tiene
por expropiaciones, se dotará al PGOU de
suelo obligatorio para una población de
125.000 habitantes para sus equipamientos,
zonas verdes, suelo educativo, social,
deportivo, esponjamiento y en definitiva el
suelo necesario para residencias y
servicios, industrial y
urbanizable.
Los convenios
urbanísticos serán papel mojado y no podrán
entrar en vigor hasta que el PGOU se
apruebe definitivamente. Miembros del
equipo redactor mantienen la creencia de
que una vez aprobado inicialmente el
proyecto, todo se pone en marcha y
comienzan los plazos de los once convenios
urbanísticos porque se libera a favor del
Ayuntamiento el suelo para equipamientos y
todo el suelo de utilidad
pública.
Suelo no
vinculante
Los informes jurídicos
desmienten esta teoría y aseguran que la
expectativa urbanística del PGOU sólo se
consolida con la publicación en el BOIB de
la aprobación definitiva.
El
Ayuntamiento debe tener dinero propio para
poner en marcha la primera etapa de la
gerencia de Urbanismo, disponer de líquido
efectivo en caja para toda la tramitación
hasta la aprobación definitiva y contar con
suelo no vinculante para los proyectos
urgentes e ineludibles, ya que los
convenios no son reales ni las
recalificaciones efectivas hasta que el
PGOU anule la actual normativa y no se rija
la corporación por la norma más
restrictiva.
La oposición municipal
(PSOE, PSM y ALM-UM) opina que los once
convenios urbanísticos deben hacerse
públicos y pasar por un periodo de
alegaciones para ser valorados por la
totalidad de los 37.000 vecinos censados,
ya que a todos les afecta directamente.
Cabe resaltar que en los convenios
hay dos importantes urbanizaciones nuevas
que promueven 1.500 viviendas y 200 locales
comerciales, dos polígonos industriales, un
polígono de infraestructura y
equipamientos, dos de servicios, dos planes
especiales, etc.
Todas las
recalificaciones harán posible que el
Ayuntamiento tenga liquidez y suelo, ya que
el equipo de gobierno de Manacor no cuenta
ni con un euro de la caja propia de la
corporación para asumir el desarrollo del
PGOU. Los expertos piden al Consell
Consultiu que informe al Ayuntamiento de
Manacor sobre la validez de los once
convenios antes de la aprobación
definitiva, ya que sería un caos que los
promotores pensasen que la recalificación
se hace efectiva con tan solo la aprobación
inicial.
