ESTEBAN URREIZTIETA
EDUARDO
COLOM
PALMA.- El mismo Rafael De Lacy
que como conseller de Territorio del
Consell de Mallorca obligó a Boris Becker a
derribar 487 metros cuadrados ilegales de
su mansión de Artà ahora trabaja para el ex
tenista alemán. Su cometido, intentar
legalizar las nuevas obras clandestinas que
el deportista ha llevado a cabo en su finca
mallorquina de Son Coll.
Becker ha
encomendado al ex presidente de la Comisión
Insular de Urbanismo la misión de encontrar
una solución para legalizar la cancha de
baloncesto, los porches, el patio principal
y las pérgolas que ha cubierto por su
cuenta y riesgo en una finca que tenía la
edificabilidad completamente agotada,
motivo por el cual ya tuvo que tirar abajo
buena parte de su lujosa
residencia.
De Lacy ejerce ahora como
abogado especialista en temas urbanísticos
y según han confirmado a EL MUNDO/El Día de
Baleares fuentes del Ayuntamiento de Artà,
se ha dirigido en varias ocasiones al
Consistorio en nombre del tenista que se
despidió de las pistas con seis Grand Slam
en su haber (tres Wimbledon, dos Open de
EEUU y un Abierto de
Australia).
Reincidente
A pesar de haber sido multado hace ya tres
años con 240.000 euros y de protagonizar el
enésimo escándalo de su carrera, Becker
volvió a saltarse las normas antes del
pasado verano e hizo realidad uno de sus
sueños: levantar en su finca una cancha
donde poder dar rienda suelta a su deporte
favorito después del que le convirtió en
una leyenda: el baloncesto. Cubrió además
varias de las zonas que precisamente se vio
obligado a descubrir por exceder con creces
el volumen de edificabilidad permitido. La
fórmula que empleó en esta ocasión para
acometer las nuevas obras ilegales fue la
misma que que tantos quebraderos de cabeza
le ocasionó en el pasado: la de no
solicitar las preceptivas licencias
municipales e incumplir la normativa
vigente.
Las
reformas
En vísperas del pasado
verano y cuando Son Coll acababa de ser
puesta a la venta por un precio de salida
de quince millones de euros, los porches
que dan al patio principal del complejo
volvieron a recobrar su aspecto inicial e
ilegal al ser cubiertos por tejas.
Las dos edificaciones de la zona de
la piscina también recuperaron su techado
originario con la ayuda del hormigón.
Asimismo, en el patio principal de la
vivienda se sustituyó la tierra que lo
cubría por cemento y se improvisaron varios
helipuertos. Todo ello sin consultar en
ningún momento el Consistorio de Artà que
dirige la socialista Maria Francisca
Servera.
Los primeros problemas
legales se remontan a la construcción de la
mansión, en 2001. Entonces el deportista
construyó una mansión de 987,67 metros
cuadrados a pesar de contar con licencia
tan sólo para medio millar. Tras pleitear
durante varios años con la Administración,
la solución por la que finalmente optó pasó
por el derribo de dos habitaciones y de los
porches del patio principal, dejando
únicamente en pie sus estructuras de
madera.
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