LORENZO MARINA
PALMA.- El titular
del Juzgado de Instrucción número nueve de
Palma, Enrique Morell, ha impuesto una
fianza de 10.000 euros a la Asociación
Unificada de Guardias Civiles (AUGC). Dicha
asociación se ha personado en un proceso
como acusación popular en el caso de las
facturas falsas.
La AUGC está
personada en dicha causa, al apreciar que
existen indicios de un delito de
malversación de caudales públicos. El
delito fue cometido supuestamente al
utilizar una factura falsa para amueblar el
pabellón del coronel Javier García Peña,
por entonces jefe de la Guardia Civil de
Baleares.
A diferencia de las otras
partes -los coroneles García Peña y Cuadri-
donde apuntan a una posible conciliación,
la AUGC planea seguir adelante con la
acusación.
El secretario general de
la Asociación Unificada de Guardias
Civiles, Joan Miquel Perpinyà, aseguró
ayer, en declaraciones a este periódico,
que la imposición de la abultada fianza
«pretende disuadirnos para que no no
sigamos adelante con este caso», resaltó.
No obstante, Perpinyà aprovechó la ocasión
para anunciar su intención de proseguir con
la acusación.
Asimismo, la AUGC
instará al juez Enrique Morell a que se
produzca un careo entre las distintas
partes: los coroneles García Peña y Cuadri
el capitán Trujillo y el constructor
Ferragut.
El pasado 21 de septiembre
el juez Enrique Morell citó a García Peña y
al coronel Luis Cuadri para esclarecer si
había existido un delito en el pago con
facturas falsas del mobiliario del pabellón
del jefe del Instituto Armado en las
Islas.
El recién destituido jefe de
la Guardia Civil en Baleares, el coronel
Javier García Peña, se presentó ante el
juez como víctima de una trama urdida por
Cuadri para desposeerle del cargo.
En cambio, el coronel Cuadri negó
tal extremo ante el juez y aseguró que
García Peña le tenía «ojeriza».
A
raíz de este escándalo, el mando único de
Guardia CIvil y Policía Nacional, Joan
Mesquida destituyó a García Peña al frente
del Instituto Armado en las Islas. En su
lugar, nombró a Basilio Sánchez Rufo.
