GABRIELA CORRAZO
INCA.- Ayer se
cumplió la primera instancia del juicio que
ha interpuesto Gabriel Moranta contra el
alcalde de Santa Margalida, Antoni Del
Olmo, y su mujer Martina Alós, quienes
participan de la sociedad Playas Mar Balear
SL. La juez de instrucción penal número 3
de Inca, Cristina Pancorbo debe decidir si
mantiene las medidas cautelares al tiempo
que la defensa amplía la querella.
En
la instancia de ayer, la defensa de
Moranta, los abogados Autonell y Albertí
Caimar, solicitaron al juez mantener las
medidas cautelares ya decretadas en
relación al cese de la administradora Alós,
una fianza de 1.250.000 euros y
nombramiento de un administrador judicial
para la sociedad Playa Mar Balear SL. Del
Olmo y Alós se oponen a estas medidas.
Por otra parte los letrados
han solicitado que se amplíe la querella al
haberse verificado una nueva transmisión de
la nave industrial propiedad de la
sociedad.
La irregularidad, según
Autonell, surge de titular una propiedad a
nombre de otra persona, que pagó 50
millones de pesetas y ni siquiera tiene la
posesión del bien. La cesión fue hecha a
favor de la persona jurídica Construcciones
Juan Capó.
Alós alega que la
transmisión a su nombre se ha hecho para
salvar la sociedad. «Creo que el fin de
esta acción es obstaculizar la acción que
ha solicitado mi cliente», apostilla
Autonell.
Por otra parte, Del Olmo ha
presentado documentos falsos que pueden ser
motivo de otra querella criminal, señaló el
abogado Autonell.
Gabriel Moranta,
socio de Del Olmo y de su esposa en Playas
Mar Balear SL, acusa al matrimonio de
falsificar la contabilidad desde que Alós
accediera al cargo de administradora de la
sociedad «hace dos años». El denunciante
mantiene que presuntamente no ingresaban
las recaudaciones que obtenían de la
explotación y por lo tanto, falseaban las
cuentas.
Igualmente, les acusan de
haberse apropiado de patrimonio de la
empresa vendiéndoselo a ellos mismos. Una
nave industrial de la calle Miquel Ordinas
de Santa Margalida valorada en torno a los
500.000 euros que era utilizada para
almacenar material de las explotaciones
costeras, así como otros bienes
inmuebles.
La acusación sostiene que
Del Olmo y su esposa participan al 50% en
el negocio de Playas Mar Balear, de ahí que
incluyan a ambos en sus acusaciones.
