–El escándalo ha saltado en el Cuerpo por
el caso de las facturas falsas; ¿se habría
podido evitar?–Si hubiera sindicatos, no
hubiera podido pasar. Ni el caso Ucifa, ni
el caso Roldán. Un sindicato es un
contrapoder. Es un mecanismo democrático de
control. Sólo existe la cadena de mandos y
lo que no interesa no se investiga. El caso
de García Peña y Cuadri lo ha destapado un
oficial que ha tenido conocimiento de esto
y Dios sabe por qué. Tiene rasgos este
sistema de mafia. Sólo puede destaparse un
caso de corrupción si uno se convierte en
un arrepentido.–El uso de estas facturas
parecía una práctica muy arraigada en el
Cuerpo.–Se ha roto esta tendencia porque un
oficial lo ha denunciado. Un guardia no lo
habría hecho porque es el suicidio
profesional.–¿Destaca la Comandancia de la
Guardia Civil de Baleares por ser
especialmente conflictiva?–Se respira un
tufo caciquil notable en cuanto entras por
la puerta. Cuadri dice que le tiene ojeriza
García Peña. ¿También le tenía ojeriza
Santandreu? No sé por qué no se da de baja
psicológica. Cuadri no es peor que los
demás.
–Respecto a los pabellones, su
asignación parece arbitraria...–Es peor. Es
clasista. A un guardia con cinco bebés le
corresponden tantos metros cuadrados menos
que a un oficial. La conciliación de la
vida laboral y familiar no existe en la
Guardia Civil. No importan. El 99% de los
mandos tiene pabellón, de los guardias un
21%. ¿Quiénes están a favor de los
pabellones? Ellos. Estamos en contra de su
asignación.–Se modificó la ordenanza de
pabellones cuando el guardia civil gay de
Vilafranca dijo que iba a vivir con sus
pareja.–Hubo una modificación para eliminar
una discriminación. Una modificación del
PP, de López Valdivielso, y le costó el
cargo. Los que no tienen pabellón no tienen
compensación. Es un pago en especia. Dos o
tres de cada 10 viviendas están vacías. El
adjudicatario sólo se cambia en
ella.
–¿Qué expectativas tiene con el
actual Gobierno?–Reclamamos al Gobierno que
impulse dos leyes. La Ley de Derechos y
Deberes y La ley de Régimen disciplinario,
que elimine las sanciones privativas de
libertad y que evite la concurrencia con el
Código Penal Militar. Llevamos dos años y
medio oyendo hablar de esto. Pero lo cierto
es que no hay voluntad política de hacerlo.
