ESTEBAN URREIZTIETA
PALMA.- El
histórico contable de la Policlínica
Miramar revela que el centro sanitario
palmesano alberga «una contabilidad
B». Esto es, oculta a los ojos de la
Hacienda pública. Martín Henales relató en
una declaración jurada el pasado mes de
agosto ante el notario Miguel Ferragut a la
que ha tenido acceso EL MUNDO/El Día de
Baleares que en Ameba, sociedad que explota
la instalación comandada por Miquel Dalmau
y Cristófol Pizà, «se llevan desde los
tiempos de Jerónimo Albertí dos
contabilidades, la oficial o A, y
una contabilidad en B».
Henales señala como principal
culpable del mantenimiento de este sistema
presuntamente fraudulento en la actualidad
al «presidente del consejo de
administración Miquel Dalmau». «Ha
controlado la contabilidad B desde
su nombramiento y dirigía y supervisaba
todas las operaciones», agrega el contable
en referencia al presidente del Consejo del
centro.
Henales ha sido el jefe del
departamento de Contabilidad de la
Policlínica Miramar desde 1972 hasta
febrero de este año -fecha en la que se
jubiló- e insiste que «el doctor Dalmau era
el único que controlaba todo en A y
en B».
El proceso
judicial
La revelación del
contable tiene lugar en un momento en el
que la directiva del centro sanitario libra
una batalla en los tribunales. El jefe del
Área de Medicina Interna, el doctor Pau
Ramis, se querelló contra Dalmau y Pizà
porque, según él, se han apropiado de
fondos de la Policlínica y han falsificado
las cuentas de la sociedad. Este proceso
judicial ha deparado, de momento, dos
peritajes elaborados a instancias de cada
una de las partes implicadas.
El
encargado por Dalmau y Pizà arroja una
deuda supuestamente contraida por Ramis que
asciende a 3,4 millones de euros. Por su
parte, el auditor de Ramis declaró el
pasado viernes ante el titular del Juzgado
de Instrucción que investiga el caso, el
número 6 de Palma, asegurando que el jefe
de Medicina Interna no sólo no debe un sólo
euro sino que la Policlínica le adeuda
dinero. El contable puntualiza que la
contabilidad presuntamente instaurada para
evadir impuestos se instrumentalizó a
través de la cuenta 411 de la sociedad.
Cabe recordar que a raíz de una querella
interpuesta por un grupo de accionistas
minoritarios del centro sanitario, la
contabilidad de la Policlínica Miramar se
encuentra incautada por el juez, que la
está examinando en estos momentos
conjuntamente con la policía judicial. Esta
medida fue acordada a instancias de los
letrados que asesoran a Pau Ramis y que
integran el bufete Autonell: Antonia
Autonell y Mateo Florit. Mientras la cúpula
del centro sanitario se enfrenta en los
tribunales, la Policlínica Miramar vive el
peor momento de su historia.
Desde
que comenzó el litigio entre Ramis y Dalmau
y Pizà la ocupación ha caido un 25% y ha
transformado al centro sanitario en un
negocio que hace tiempo que ha dejado de
ser rentable al tener que compaginar una
ocupación de poco más de un centenar de
enfermos con una plantilla de unos 600
empleados.
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