ANDRATX.- Tras conocer que el juzgado de
instrucción número cuatro de Palma ha
abierto diligencias por presunto delito de
prevaricación, amenazas y coacciones al
alcalde de Andratx, Eugenio Hidalgo, el
grupo ecologista GOB instó ayer al Consell
de Mallorca a retirar las competencias en
materia de urbanismo al Ayuntamiento.
Aunque la petición es contundente,
no es descabellada. Al menos así lo insinúa
el GOB que recuerda que la semana pasada,
la Generalitat valenciana retiró las
competencias urbanísticas al Ayuntamiento
alicantino de Catral a causa del
«desaguisado inmobiliario» que sufría el
municipio y por las numerosas casas
ilegales que albergaba.
En el caso
de Andratx, los ecologistas recuerdan que
desde hace años la situación urbanística
constituye un libre albedrío absoluto, que
friega el «esperpento». Entre otros
motivos, hablan de destrozos paisajísticos,
masificación de la costa, edificaciones
ilegales dentro de zonas protegidas, entre
otros. Ello se ha producido, según
sostienen, a que se ha aprovechado la
ambigüedad de una normativa urbanística
desfasada y a la complicidad municipal más
absoluta.
Debido al «alto nivel de
degradación» el GOB considera que se han de
tomar medidas contundentes por parte de los
organismos que tienen competencias. En este
caso, el Consell de Mallorca.
Los
hechos que justifican una actuación
inmediata del Consell son, según los
ecologistas, la concesión de licencias
municipales de obras irregulares en suelo
rústico. Según argumentan, el Ayuntamiento
utiliza de froma «fraudulenta» una
disposición de la Ley del Suelo Rústico que
permite ampliar viviendas construidas
legalmente. Sin embargo, según el GOB no es
cierto que existan viviendas en las
parcelas.
Asimismo, dicen que se
considera suelo urbano terrenos que
legalmente tienen clasificación de suelo
rústico e, incluso, sobre terrenos de suelo
protegido por la LEN (Ley de Espacios
Naturales). Es el caso, por ejemplo, de
Moport, donde el Ayuntamiento ha dado
licencias para construir 20 bloques de 150
viviendas en una zona inedificable.
Por otra parte, el GOB denuncia que
la normativa urbanística de Andratx, que es
del 1976, no se ha adaptado a ninguna de
las legislaciones actuales: la LEN, las
Directrices de Ordenación del Territorio
(DOT), el Plan Territorial y la Ley del
Suelo, entre otros. Por último, lamentan
que se haya destrozado totalmente la zona
litoral.
