Lejos de reembolsar a sus clientes el
dinero que les cobró ilícitamente durante
al menos cuatro años, el empresario Juan
Antonio Riutort culpa del cobro de tarifas
ilegales a un fallo en la redacción de las
facturas.
«Debido a una
deficiente redacción se incluyeron
servicios de prestación obligatoria para el
concesionario junto con servicios
voluntarios que exceden de los esenciales
de la concesión», se justifica el socio de
Joan Verger ante los propietarios de los
amarres de la marina que explota. «Podría
llegarse a la conclusión de que Marina Port
de Mallorca intentaba percibir una
contraprestación adicional por los
servicios obligatorios, al margen de las
tarifas establecidas en las bases de la
concesión», continúa la carta exculpatoria
del polémico Riutort.
«Esta
cláusula no respondía a la finalidad de
duplicar percepciones por los servicios
obligatorios sino el objetivo de alcanzar,
mediante prestaciones adicionales, unos
estándares de calidad a la altura de los
requerimientos más exigentes»,
explica.
La carta del
presidente de IP3M concluye apuntando que
«la contratación» de las tarifas
sancionadas por la Autoridad Portuaria
«tenían carácter voluntario y que la
contraprestación pactada era también
voluntaria y entendemos que así fue
aceptada».
