M. A. RUIZ
PALMA.- Como de
costumbre, Munar no da puntadas sin hilo.
No sólo quiere abortar el Palacio de
Congresos diseñado por Mangado para el
Govern sino que, según distintas fuentes
consultadas por este diario, planea ubicar
su propio Palacio de Congresos en los
terrenos de la Fachada Marítima adquiridos
por la promotora Núñez y Navarro para
construir 200 viviendas de lujo.
Uno
de los bloques de viviendas promovidos por
Núñez se ubicaría en el solar del edificio
de Gesa, que la compañía eléctrica se
comprometió a derribar antes del próximo 31
de diciembre, y los otros dos en los
terrenos colindantes, que también son
propiedad del ex presidente del
Barça.
Munar ya asestó un golpe de
muerte a esta operación al proteger el
edificio de Gesa como Bien Catalogado del
Patrimonio. Algo que impedirá a la compañía
eléctrica cumplir su compromiso de demoler
el inmueble.
Y ahora la presidenta
del Consell pretende que el Ayuntamiento de
Palma modifique su planeamiento urbanístico
para eliminar la edificabilidad de las 200
viviendas proyectadas por Núñez. Este es el
auténtico motivo por el que la Comisión
Insular de Urbanismo mantiene bloqueado
desde el mes de septiembre el expediente de
la Fachada Marítima.
Modificar la
calificación urbanística de estos solares
permitiría a Munar y Miquel Nadal ubicar
allí su Palacio de Congresos alternativo.
Sin embargo, tal como informaba ayer este
diario, la alcaldesa Catalina Cirer ya ha
advertido que no cederá al chantaje de
Munar ni dará marcha atrás a la
reordenación urbanística de la Fachada
Marítima pactada por PP y UM en 2003. Entre
otras cosas, porque la promotora de José
Luis Núñez está dispuesta a defender ante
los tribunales los derechos urbanísticos
que estaban consolidados cuando compró los
terrenos de Gesa.
No es ningún
secreto por qué la presidenta Munar quiere
sabotear los planes de Núñez: intenta
castigar a este empresario por
reventar el concurso de Can Domenge.
Al vender esta finca pública, el Consell
fijó un precio máximo de 30 millones de
euros, lo contrario de lo que hace
cualquier Administración que vende
patrimonio público buscando el mayor
provecho económico.
Núñez rompió esta
regla y ofreció en el concurso lo que
realmente valen los terrenos (60 millones
de euros) y ha llevado ahora al Consell
ante los tribunales por vender la finca a
mitad de precio (por 30 millones).
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