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  Viernes, 13 de octubre de 2006 Actualizado a las 00:08
 

Vecinos de Santa Margarita piensan en poner un recurso contra la aprobación del 'decretazo'

El abogado de la asociación de vecinos afectados asegura que no se puede considerar como una permuta si van a recibir un piso de inferior valor al expropiado

  A D E M A S
 Torres: «al valor del suelo hay que sumar el valor de construcción»
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SERGIO G. CAÑIZARES

EIVISSA.- El administrador y abogado de la asociación Afectados por el proyecto de Eivissa Centre, Joaquín Roig, afirmó el miércoles que la asociación no descarta interponer un recurso contencioso administrativo contra la aprobación del decreto con el que el Ayuntamiento de Vila pretende aprobar la reforma del PGOU y, por tanto, dar luz verde al proyecto de Eivissa Centre.

Roig entró en directo en la tertulia Bona Nit Pitiüses, emitida por la Televisió d'Eivissa i Formentera, en la que se debatía el caso de Eivissa Centre el mismo día en que el Ibavi había hecho público un informe sobre el valor de los pisos de los edificios de Santa Margarita y Juan XXIII.

En dicho informe se señala que, mientras el precio del metro cuadrado en el bloque de edificios de Santa Margarita supera los 5.000 euros, el valor del nuevo edificio levantado junto al Bulevar Abel Matutes es de 2.607 euros el metro cuadrado, por lo que se deberían ofertar 1´97 metros cuadrados en el nuevo edificio por cada metro cuadrado del edificio de Isidor Macabich.

Ante estos nuevos datos, el abogado de los vecinos en contra del proyecto afirma que «lo que antes eran inquietudes se han transformado en algo más» y recuerda que el mismo Tarrés señaló en una reunión con los vecinos que, junto al Paseo Marítimo, el valor del suelo de la zona de Isidor Macabich es el más alto de Vila.

La asociación de vecinos que comenzó con 18 miembros, cuenta ahora con al menos 30 de los vecinos afectados por la expropiación, aunque Roig señaló que será la próxima semana, en que se celebrará una reunión, cuando se podrá saber exactamente el número exacto de vecinos de la asociación. Será en esta reunión cuando la asociación decida las medidas a adoptar aunque Roig afirmó «tener esperanzas en que el Ayuntamiento facilite, por fin, toda la documentación económica solicitada».

 
   
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