M. A. RUIZ
PALMA.- Tras uno de los
debates más intensos de los vividos en los
últimos años, el Consell Consultiu aprobó
ayer por cuatro votos a favor y tres en
contra el dictamen en el que su presidente,
Miquel Coll Carreras, justifica la decisión
del Ib-Salut de adjudicar el futuro
hospital de Son Espases a OHL, cuya oferta
cuesta 105 millones de euros más que la de
la otra finalista, encabezada por Dragados
y FCC.
En la votación, el dictamen
del jurista menorquín contó con el respaldo
de otros tres consejeros: el ex jefe de los
servicios jurídicos del Govern Pedro Aguiló
Monjo, el abogado penalista Rafael Perera y
el letrado ibicenco Enrique Vicente Marí.
En cambio, votaron en contra la catedrática
de Derecho Financiero de la UIB Carmen
Fernández, el catedrático de Derecho
Constitucional de la UIB Joan Oliver Araújo
y el abogado Juan Sebastián Oliver
Ripoll.
Hay que recordar que la
elaboración del dictamen correspondió por
turno a Carmen Fernández, pero cuando ya
llevaba una semana trabajando en el texto
Miquel Coll decidió asumir personalmente
esta labor, utilizando una facultad que el
reglamento del Consell Consultiu otorga a
su presidente.
Durante la reunión de
ayer, Fernández, Oliver Araújo y Oliver
Ripoll anunciaron que presentarán un voto
particular que constituye una auténtica
enmienda a la totalidad a las tesis del
presidente del Consultiu.
Competencia. De entrada, los tres
consejeros discrepantes cuestionan la
capacidad de esta institución para
pronunciarse sobre el informe de valoración
de las distintas ofertas presentadas al
concurso. Alegan, en contra del criterio de
Miquel Coll, que no corresponde a juristas,
sino a ingenieros, arquitectos y
economistas, decidir cuál de las ofertas es
mejor desde el punto de vista técnico, o si
la Mesa de Contratación ha puntuado
adecuadamente cada una de ellas.
'A
dedo'. Pero además, estos tres consejeros
albergan serias dudas sobre el método
utilizado por el Ib-Salut para valorar las
ofertas del concurso. La Conselleria de
Salud contrató para ello a una consultora
externa mediante procedimiento negociado,
es decir, sin cumplir los principios de
publicidad y libre concurrencia.
El
Ib-Salut se dirigió directamente a tres
consultoras externas para pedirles
presupuesto y contrató por 30.000 euros (el
máximo legal permitido mediante esta
fórmula) a la única de las tres que se
mostró interesada en hacer el trabajo.
Como consecuencia de ello, ha sido
una empresa contratada a dedo por el
Govern la encargada de decidir quién
construirá el nuevo hospital de Son
Espases, en el que la Comunidad autónoma se
va a gastar 740 millones de euros (122.840
millones de pesetas). Algo que, a juicio de
tres miembros del Consultiu, ofrece muy
pocas garantías legales.
La más
barata. En su voto particular también
recordarán, muy probablemente, la abundante
jurisprudencia del Tribunal Supremo según
la cual, en igualdad de condiciones y
solvencia técnica, la Administración
pública debe adjudicar el concurso a la
oferta más económica.
En el caso del
concurso de Son Espases, los dos grupos
finalistas quedaron prácticamente
empatados. La oferta liderada por OHL
obtuvo una puntuación global de 73 puntos,
mientras que la constituida por Dragados y
FCC sacó 71. Como resultado de ello, el
Ib-Salut tiene previsto adjudicar el
concurso a OHL, pese a que le costará a los
ciudadanos de Baleares 17.500 millones de
pesetas más que la de Dragados-FCC, que
además era la mejor puntuada en el informe
inicial de los técnicos.
Oferta
excluida. Por último, ayer también se
escucharon voces discrepantes respeto a la
decisión del Ib-Salut de excluir del
proceso la oferta presentada por Sampol
Ingeniería y Obras. Su proyecto resultó
descalificado porque incluía un parking
subterráneo de dos plantas (las bases
indicaban una sola planta), si bien la
empresa mallorquina alega que se le había
informado previamente de que se iban a
permitir estas modificaciones en el
diseño.
Frente a todas estas
objeciones, el dictamen de Miquel Coll
Carreras que ayer fue aprobado en una
reñidísima votación avala la legalidad del
proceso seguido por el Ib-Salut y justifica
la decisión de adjudicar el proyecto a la
finalista más cara.
Aunque no es
vinculante, el dictamen aprobado ayer
servirá para legitimar la adjudicación del
concurso a OHL. El objetivo de la
consellera de Salud, Aina Castillo, es
iniciar las obras antes de que concluya el
años, aunque su departamento ha anunciado
que no habrá acto oficial de colocación de
la primera piedra para evitar que sea
enturbiado por la acción de los
antihospital.
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