Estamos lejos de tener un sistema integrado y eficaz de protección a las víctimas de la violencia de género. Demasiada dejadez, demasiada lentitud y demasiada banalización de las denuncias de quien, al final, pagará con su vida esta incapacidad social de protegerla ante la barbarie de un marido violento y brutal. Un análisis secuencial de todo el proceso que ha desembocado en esta indefensión de la mujer marroquí debería obligarnos a revisar en profundidad todo el sistema de protección y en sus diferentes instancias que, o actúan coordinada o rigurosamente o estaremos ante un frívolo ejercicio de grandes palabras que contrastan después con la trágica realidad de los hechos. El asesino era un sujeto de antecedentes por violencia familiar que, de entrada, obligaba a tenerlo bajo control. No lo estaba. El quebrantamiento de la orden de alejamiento que fue denunciada por la víctima el pasado mes de junio no generó el inmediato rigor punitivo porque la joven marroquí retiró la denuncia: ¿no habíamos quedado que se actuaría «de oficio» y al margen de síndromes de Estocolmo o enternecimientos bondadosos? Y, por último lo peor: unos días anteriores al asesinato la víctima telefoneó al 112 denunciando, de nuevo, la violación de la orden de alejamiento. No pasó nada. O sí pasó: una joven vida segada por un asesino al que nadie se tomo demasiado en serio.