Baleares estrena una nueva era de
la democracia: la
'dictamenocracia'
Que Joan
Verger no le dice la verdad ni al médico
está claro. Pero no faltó a la verdad -que
diría un cursi- cuando nuestro audaz
reportero Agustín Rivera le telefoneó hace
poco menos de mes y medio y, más fuera que
dentro de sí, cantó La Traviata:
«¡¡¡No queda mucho para que se conozca el
informe. A ver si os atrevéis a publicarlo
cuando esté!!!». Una de dos, o el todavía
presidente de la Autoridad Portuaria es un
sosias de Rappel que esconde dotes
paranormales tras ese rostro de hombre
primitivo que Dios le ha dado o sabía por
dónde iban a ir los tiros porque alguien le
había dado un chivatazo al más puro
estilo del jefe de Seguridad de Ferraz.
Porque acertar, lo que se dice acertar,
acertó. Vaya si dio en el clavo el tío. Y
encima con un mes de antelación y antes
incluso de que hubieran arribado a la
Abogacía del Estado los papeles de la
constructora que comparte con un
concursator llamado Juan Antonio
Riutort. Documentos cuyo conocimiento
previo era esencial antes de escribir una
sola coma del veredicto sobre la
impresentable conducta del de
Montuïri.
El político-gasolinero
había comentado a sus íntimos -a los que,
por cierto, les faltó tiempo para venir a
contárnoslo- cuál era su objetivo: «Un
informe favorable para limpiar mi imagen
ante la opinión pública [un deseo a caballo
de la misión imposible y el milagro puro y
duro] y de paso evitar que el fiscal me
meta el cuerno. Luego, me iré». Pues eso,
que el objetivo del objetivo, es decir, el
último objetivo, no era otro que dejar el
camino expedito para una huida en toda
regla. Verger, que como buen ingeniero es
más listo que el hambre, es plenamente
consciente de que la cuenta atrás ha
comenzado y de que consecuentemente la
mejor manera de conservar su sospechoso
imperio empresarial es poner pies en
polvorosa. Un imperio empresarial que no
aguantaría una embestida de la Fiscalía en
un país serio. Pero, bueno, no soñemos,
porque Spain is different.
Del
autor del informe que sostiene que es legal
presidir un Consejo de Administración que
adjudica a tu ¿antigua? empresa y a tu
actual socio un contrato de 20 millones de
euros de na no tengo ninguna duda ni
ninguna queja ética. Francisco Paco
Medina es un buen jurista, una mejor
persona y un señor de los pies a la cabeza.
Y, además, es rara avis en los
tiempos que corren porque va de frente:
durante todo el caso Verger me ha llamado
siempre que lo ha creído oportuno para
apostillar que «si tal» o para puntualizar
que «si pascual». No se esconde. No tengo,
pues, ni un pero que poner en el apartado
moral a este personaje que parece salido de
una obra del Siglo de Oro.
Pero sí
que creo que nuestro involuntario a la par
que quijotesco protagonista no ha estado
estéticamente a la altura de las
circunstancias. Es tan buena persona que
antepone la institución, la Autoridad
Portuaria, a cualquier otra consideración;
como tantos y tantos servidores del Estado
es capaz de cualquier cosa por proteger a
Doña Administración. Para gente del Plan
Antiguo como él lo primero es el Estado,
luego el Estado y para terminar el Estado.
Son gentes capaces de poner su cabeza para
que se la vuelen antes de permitir que
toquen un solo pelo a ese tótem que juraron
por su conciencia y por su honor defender
hasta la muerte.
Me imagino a Paco
Medina como al capitán del remolcador que
intentó por todos los medios impedir que el
Prestige reventase cerca de la Costa
de la Muerte consiguiendo que el remedio
fuera peor que la enfermedad. El número
2 de la Abogacía del Estado en Baleares
se ha dejado la piel para impedir que la
mancha negra del petrolero del gasolinero
Verger contaminase a la Autoridad Portuaria
y, al final, el que ha acabado embadurnado
de chapapote ha sido él. Su papel me
recuerda al de la guardia pretoriana de los
césares romanos que estaba obligada a
situarse en la trayectoria de cualquier
objeto punzante que fuera dirigido a su
señorito dando su vida si fuera
preciso.
El abogado del Estado ha
hecho un favor a Joan Verger aun a costa de
hacerse una putadilla a sí mismo
efectuando una más que sui géneris
lectura de la Ley de Incompatibilidades de
1995 y del sucedáneo de 2006. Nadie en su
sano juicio jurídico entiende cómo no ha
reparado en un artículo, el 2.3, que obliga
a los altos cargos a «inhibirse en los
asuntos en cuyo despacho hubieren
intervenido o interesen a empresas en cuya
dirección, asesoramiento o administración
hubieran tenido alguna parte». Cualquiera
diría que el que parió este exacto epígrafe
de la Ley de Incompatibilidades estuviera
pensando en IP3M cuando lo concibió. Porque
no sólo es que el presidente de la
Autoridad Portuaria y gasolinero de moda
¿fuera? accionista de la Sociedad Limitada
IP3M, tan limitada, tan limitada que eran
cinco y el perro, sino que le prestó
«servicios profesionales» a cambio de la
nada despreciable cantidad de 180.000
euros. Es decir, que administrar IP3M, la
administró, y asesorarla, también la
asesoró a cambio de un pastizal. Esta
norma, que nació en un contexto histórico
corrupto, los estertores del felipismo, ha
sido recientemente retocada y en el caso
que nos ocupa a peor porque si bien antes
no establecía límites temporales ahora
apostilla «en los dos años anteriores a su
nombramiento». Esta suavización de la norma
tampoco mejora la coyuntura legal del
susodicho porque permaneció en IP3M hasta
poco antes o poco después -no lo recuerdo
bien- de su designación.
Dicho lo
cual está claro que aquí se ha hecho una
interpretación más que restrictiva de la
ley o, cuando menos, benévola por no decir
caprichosa. Pero el quid de la
cuestión no es ése. La cosa va mucho más
allá porque tanto Verger como su
presidente, Jaume Matas, se han pasado por
el arco del triunfo la teoría de las
responsabilidades políticas que con tanto
ahínco y con tanto acierto defendieron
cuando el PSOE de Felipe González se
ahogaba en el fango de la corrupción. La
tesis del José María Aznar de la oposición
era de una lógica, una ética y una estética
apabullantes. La esgrimía cada vez que EL
MUNDO destapaba un nuevo caso de
corrupción, es decir, prácticamente a
diario: «Las responsabilidades políticas
son independientes de las políticas y hay
que asumirlas antes de que se pronuncien
los tribunales e incluso aunque los
tribunales te hayan dado la razón».
Impecable discurso, propio de una
democracia de primera división, que sin
embargo diez años después han tirado al
baúl de los recuerdos como si fuera una
peligrosa antigualla.
No sé a
ciencia cierta si Joan Verger ha desviado
el golpe amenazando con tirar de la manta
en la más genuina tradición Roldán. Pero
Juan Balear tiene meridianamente claro que
es una indecencia y una indignidad que este
individuo no se abstuviera en la votación
de marras sabiendo además que los técnicos
proponían darle el negociazo a su antigua
empresa y, peor aún, que el president no se
lo cargase al día siguiente de conocer que
el beneficiario del varaderazo sigue siendo
socio suyo. Pero, ya se sabe, los designios
del Señor son inescrutables. Al
multimillonario presidente de la Autoridad
Portuaria le podrá salvar la cara el
president, le podrá exonerar la Abogacía
del Estado y le podrá echar un cable el
fiscal pero la sociedad civil, la calle, la
ciudadanía, el vulgo pópulo, ya ha
emitido su veredicto: culpable. La gente
normal, que a falta de sabiduría jurídica
echa mano del menos común de los sentidos,
el sentido común, considera que la conducta
de Verger es vergonzosa y motivo más que
suficiente para que coja los bártulos y se
vaya por donde ha venido. Ni a éste ni a
Fidel Castro la historia los
absolverá.
Del otro dictamen de moda,
el del Consell Consultiu sobre Son Espases,
no digo nada de momento porque no pasa de
ser una propuesta, un borrador, un esbozo.
Sabemos que apoya la adjudicación del
superhospital a una oferta que nos
va a salir a los contribuyentes por 105
millones de euros más (17.500 millones de
euros más) que la otra finalista que, para
más inri, era la que eligieron inicialmente
los técnicos. Sea como fuere, más que eso
me llama la atención la preconstitucional
nota que el presidente de esta institución,
el también abogado del Estado Miquel Coll
Carreras, invitó a firmar en un tono
nada amistoso a los seis consejeros
censurando a EL MUNDO/El Día de Baleares.
Nuestro delito: haber destapado el
contenido del informe. El delito falso que
nos imputan: «Haber llevado a cabo una
campaña de desprestigio contra Miquel Coll
Carreras». Un comunicado más falso que
Judas toda vez que nosotros calificamos a
la institución de «prestigiosa y respetada»
y a su mandamás de «prestigioso y
reconocido». Miquel Coll está más cabreado
que una mona porque hemos revelado el
contenido de su informe, pero olvida
que es nuestro trabajo y que el artículo 20
de la Constitución defiende nuestro derecho
a la información. Y si no, que se aplique
el refrán: el que se pica, ajos
come.
Sin quererlo o queriéndolo,
entre Jaume Matas y Joan Verger ha
inaugurado una nueva era de la democracia:
la dictamenocracia. Esto de
sentenciar las responsabilidades políticas
o los concursos públicos bajo sospecha
mediante dictámenes es un fraude. En un
Estado de Derecho las responsabilidades las
dirime la opinión pública, la lógica, los
usos y costumbres democráticos o los
tribunales pero nunca un letrado ad
hoc o directamente nombrado por el
afectado. Del «hecha la ley, hecha la
trampa» hemos pasado al «hecha la trampa,
hecho el dictamen». De aquí a Banana
Republic, un paso.
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