M. A. RUIZ

PALMA.- Es el único diputado de la oposición que ha logrado sacar de sus casillas a todos los consellers del Govern. Su nombre sonó como posible candidato del PSIB-PSOE a la Alcaldía de Palma, pero Antonio Diéguez (Gandía, 1954), asegura que su única ambición política es «ayudar a que Baleares cambie de Govern». Su última iniciativa ha sido proponer la creación de un «cuerpo de inspectores independientes» que investigue el enriquecimiento de los políticos de Baleares?

-¿A qué cargos públicos investigaría ese cuerpo de inspectores: consellers, diputados autonómicos, alcaldes, concejales...?

-Fundamentalmente a los gestores de dinero público, especialmente los que tienen poder sobre la contratación administrativa y facultades urbanísticas. Estos son los principales filones de corrupción, aunque todo puede suceder en esta vida, por ejemplo un tránsfuga que cambie de partido a cambio de dinero. Eso también es corrupción. No se trata de hacer una causa general e investigar a todos los políticos de Baleares, ya que la inmensa mayoría son gente honrada, tanto de un partido como en otro, pero hay unas minorías que perjudican la buena imagen de la clase política.

-En el conjunto de Baleares, ¿cuántos políticos estarían sometidos a esa investigación?

-No creo que sean muchos, no hablamos de 100 ni de 200 personas, sino de cinco, 10 o 20 personas. Se trata de investigar sólo los casos extraordinarios de enriquecimiento no justificado. Para ello, ese órgano debería tener acceso a las declaraciones de bienes de los políticos. Actualmente, siempre se hace esa declaración al acceder a un cargo, sería bueno hacerla también al abandonarlo y que sea supervisada por este servicio. Es el único modo para luchar con determinadas formas de corrupción: por el humo, sabremos dónde está el fuego.

-¿Y no sería más adecuado realizar esta labor desde la Agencia Tributaria?

-La Agencia tiene capacidad para investigar determinadas cuestiones y ver incrementos patrimoniales no justificados, pero normalmente agota su investigación sin aclarar el origen lícito o ilícito de se dinero: se pone una multa y se acabó, y después de la inspección el efecto final es que se blanquea ese dinero.

-¿Aceptarán la enmienda del PP para que sea la Sindicatura de Comptes la encargada de efectuar esta labor?

-Evidentemente no. La Sindicatura tiene funciones de auditoría, de comprobación de que la documentación contable se ajusta a los requisitos legales. Pero no tiene capacidad ni formación específica para poder investigar los sistemas modernos de ocultación de patrimonios. El perfil más adecuado es el que se encuentra dentro de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, Guardia Civil y Policía Nacional, en los servicios de lucha contra el blanqueo de capitales y delitos económicos.

-¿Qué le parece que el Fiscal Anticorrupción haya constatado ya indicios de falsedad documental y fraude fiscal en algunos de los beneficiarios de La Piñata de Munar?

-Me costaría pronunciarme sobre lo que sucede en el Consell, porque yo hago mi labor de control en el Parlament. Pero espero que se investigue, se aclare y se resuelva en el sentido que corresponda, ya sea para despejar las dudas o para exigir responsabilidades.

-¿Este caso es la punta del iceberg de lo que está ocurriendo con las subvenciones del Consell?

-En ese tema a veces es muy difícil saber dónde está la frontera entre lo legal y lo ilegal, lo moral y lo inmoral. Por ejemplo, la contratación con AFA es escandalosa: probablemente sea legal, pero creemos que es inmoral contratar a asociaciones para usarlas como brazo armado del Govern en la sociedad civil.

-¿No tiene un claro tinte electoralista que Munar se gaste 200.000 euros en regalar más de 100.000 banderas a ocho meses de las elecciones?

-No sabría valorar si la cuantía del contrato es exagerada o no. Pero como tal me parece un regalo institucional correcto: una bandera tiene muy poca utilidad fuera de lo que puede ser la exhibición de un símbolo de identidad.

-¿El PSOE está dispuesto a reeditar el Pacte, incorporando incluso a ERC si obtiene representación en el Parlament?

-No se reeditará ningún pacto. Nuestra aspiración es tener un gobierno monocolor en el Govern, en el Ayuntamiento de Palma y, si podemos, en el Consell de Mallorca, con los pactos que corresponda, del mismo modo que el Gobierno de Zapatero se apoya en otros grupos parlamentarios. Es algo que tenemos muy claro.

-Si se diera la circunstancia tras las próximas elecciones, ¿el PSIB-PSOE está dispuesto a apoyar a Munar para que siga presidiendo el Consell?

-Lo veo muy difícil. El momento en que se pactó con UM y se le cedió la presidencia era muy especial: todavía estábamos en una situación de una cierta debilidad frente a un PP muy fuerte. Ahora el PSOE tiene ahora una fuerza muy grande y el PP se está desmoronando poco a poco, sus líderes nacionales lo llevan al desastre. Matas está haciendo lo imposible para apartarse de ellos, hasta el punto de que ha aconsejado que en IB3 no salgan ni Zaplana ni Acebes, porque considera que deterioran la imagen del PP y le arrastran a él, que quiere dar una imagen de moderado. Es uno de los secretos de la reunión de Son Vida. Matas ya ha dicho que después de las próximas elecciones se retirará de la política para pasar a la empresa privada, para mí que ya lo está. El PP está en franca decadencia y nosotros estamos subiendo.

-¿Se llegó a plantear ser candidato a la Alcaldía de Palma? Su nombre salía en las quinielas.

-No, estuve muy agradecido a todos los que me lo pedían, pero yo no tengo más ambición política que ayudar a que cambie el Govern y haya uno positivo para el país.

-¿Qué le parece que el Ib-Salut esté dispuesto a adjudicar el concurso del futuro hospital de Son Espases a una oferta que es 17.500 millones de pesetas más cara que la otra finalista?

-Tendrán que justificarlo con una buena razón. En estos casos es mejor acudir a una subasta que a un concurso, estableciendo unos criterios económicos objetivos. Cuando se empiezan a integrar parámetros subjetivos, a veces entramos en unos terrenos que pueden provocar sospechas a los ciudadanos.

-¿Le llama la atención que el Consell Consultiu no lograra ponerse de acuerdo el miércoles en torno al dictamen de Son Espases?

-Significa que hay algo que jurídicamente no está claro, y es bueno discutirlo para llegar a una solución. En el mundo del Derecho hay muchos ángulos muertos y zonas oscuras. Es sano que haya discrepancias y supongo que eso hará que el dictamen sea mejor. Lo que no fue muy correcto fue alterar el funcionamiento normal del Consell Consultiu. Si había un orden de ponentes, el hecho de cambiarlo, aunque se legal y el reglamento lo permita, nos lleva a pensar que es algo extraordinario, que nos encontramos ante un tema no normal. Cuando hablamos de criterios de oportunidad política un Gobierno puede decidir que determinada Ley se tramita antes que otra, la defiende un diputado u otro. Pero cuando hablamos de temas jurídicos, cuando hay un turno de ponente tiene que respetarse. y si se cambia, tiene que darse una explicación. Esto es lo más negativo de lo que ha pasado al respecto.

-¿Cree, como su compañero de partido José María Lafuente, que los miembros del Consell Consultiu deben aceptar la crítica?

-Naturalmente, sus decisiones han de ser sometidas a la crítica jurídica, si uno discrepa con el fallo. Y también se puede discrepar con el procedimiento, que en este caso es mi discrepancia: hay que procurar que el procedimiento sea lo más transparente posible y no se altere su normalidad. No hay que cambiar al ponente que corresponde, sin dar una explicación. Si hay una justificación, perfecto.

-¿Cree que prosperará, al menos parcialmente, el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP contra el Estatut catalán?

-Estoy seguro de que lo que es grueso del recurso se perderá. Aunque puede quedar alguna pequeña esquina que genere discusiones, como ocurre con muchísimas leyes, porque a veces los límites no son muy claros. A bote pronto, ha habido hasta cuatro sentencias condenatorias por conducta inconstitucional contra el Govern, incluyendo tres sentencias contra la Conselleria de Interior por ir contra la igualdad.

-¿El Estatut catalán modifica la Constitución de forma encubierta?

-En absoluto, eso es conceptualmente imposible.

-¿Hubiera sido bueno que el Estatut balear impusiera la obligación de saber catalán, como pretendían el PSM y EU?

-No, los idiomas no se deben imponer. El PSOE estaba por mantener exactamente el mismo texto que ha estado vigente durante mucho tiempo. Es el PP el que ha querido cambiarlo porque cree que si la gente se enfrenta por la lengua saca réditos electorales.

-¿Ve viable el nuevo Régimen Especial con rebajas fiscales a las empresas que Matas quiere incluir en el Estatut?

-Aznar ya le dijo a Matas que el Régimen Fiscal es inviable, lo que pasa es que se acercan las elecciones y hay que sacar un conejo. Lo único que hace es generar una falsa polémica. Hoy en día un régimen fiscal especial es algo dificilísimo dentro de la Unión Europea, aunque imposible no hay nada en Derecho.

-¿Y el sistema de vuelos interinsulares a 27,5 euros anunciado por Matas?

-Pura demagogia. Ni siquiera es una propuesta de Matas, sino de una compañía aérea que ya la planteó al Pacto de Progreso. De hecho, Matas no supo explicar la propuesta en el Parlament, dio varias versiones distintas contradictorias entre sí y nos remitió a que el Fomento del Turismo nos daría una explicación. El Fomento está presidido por un militante del PP que además es presidente de una compañía aérea. Además, habría que modificar tantas normas, que difícilmente podría salir adelante.

-¿Que normas habría que cambiar?

-Habría que modificar el Estatut de Autonomía para tener determinadas competencias sobre espacio aéreo, tener autorización de la UE, negociar con todas las compañías aéreas para ver si están dispuestas a cubrir el servicio en esas condiciones y, si no, convocar un concurso. se puede volar de Palma a Londres por 6 euros, ¿por qué no a Maó por 27? Pero lo primero que tiene que hacer Matas es explicar la propuesta, en lugar de hacer demagogia.

-Cuando ve a los presos de ETA amenazando de muerte al juez durante un juicio, o a tres etarras encapuchados disparando tiros al aire en un acto convocado por Batasuna en el País Vasco, ¿tiene la sensación de que el llamado 'proceso de paz' va bien?

-El proceso va bien porque llevamos tres años sin muertos, lo cual no había sucedido en la historia de España durante muchísimo tiempo. Ahora, también entiendo que el Gobierno está actuando con mucha prudencia, desde el momento que pone a prueba la capacidad de control de los propios etarras por parte de ETA, dejando pasar un tiempo para ver qué sucede. En estos momentos hay una cierta violencia callejera, sobre todo de jóvenes del entorno de las organizaciones radicales, que dificultan un período de paz. Con violencia no puede haber paz. Mientras el sector más radical no demuestre que puede controlar a sus cercanos, el Gobierno tiene que seguir la postura prudente que mantiene en estos momentos. Ha habido otros procesos históricos en los que se llegó a acuerdos con ETA y se disolvió una parte de la organización terrorista pero siguió actuando otra. Hoy en día bastan tres personas y tres pistolas para sembrar cierto nivel de terror. Cuando se demuestre que se controla efectivamente la situación por parte del sector radical y que se tiene controlada la violencia, entonces es cuando podremos dar pasos hacia la paz.